El Gobierno y la Generalitat han terminado hoy sin acuerdos concretos la comisión bilateral de infraestructuras, que se ha reunido por primera vez después de once años, aunque ambos ejecutivos han destacado su tono "positivo" y han quedado en reunir un grupo de trabajo específico en fechas próximas.

La reunión ha versado principalmente sobre el cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut, un precepto que establece que la inversión de la Administración central en Cataluña debe ser durante siete años desde la aplicación de la norma equivalente al peso de la comunidad en el conjunto de la economía española, de alrededor del 18,6% del Producto Interior Bruto (PIB).

El compromiso es que, de los 759 millones de la Disposición Adicional Tercera correspondiente al ejercicio de 2008, 200 deberá aportarlos el Estado en 2019, aunque ambos gobiernos muestran "diferentes aproximaciones" sobre como abordar esta cifra.

Así, tanto el conseller de Territorio, Damià Calvet, como el secretario de Estado de Infraestructuras, Pedro Saura, han explicado que la Generalitat quiere que el dinero le sea transferido de forma directa, mientras que el Ejecutivo central pretende pagar estos 200 millones en diferentes infraestructuras.