El Gobierno y la Generalitat de Cataluña han acordado hoy valorar la posibilidad de establecer dos espacios de diálogo "diferenciados", uno, que ya existe, la Comisión bilateral Estado-Generalitat, y otro, entre partidos, todavía por concretar.

Según han informado a Efe fuentes del entorno de la negociación, esta es una de las principales conclusiones de la reunión mantenida este jueves, en el Palacio de la Moncloa, entre la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo; su homólogo en la Generalitat, Pere Aragonès; y la consellera de Presidencia, Elsa Artadi, y que se ha prolongado durante más de cuatro horas.

En el encuentro también se ha avanzado en desarrollar el contenido de la declaración conjunta de Pedralbes del pasado 20 de diciembre e insistir en la necesidad de establecer mecanismos para un "diálogo efectivo" que conduzca a "una propuesta política" sobre el futuro de Cataluña.

Ambas partes han acordado continuar con estos encuentros, que tendrán continuidad en Barcelona la próxima semana "para concretar fecha y contenido" de los mismos.

Según fuentes del entorno catalán, al inicio del encuentro, Aragonès y Artadi han trasladado "de manera contundente" a la vicepresidenta su "protesta e indignación" por la operación policial de ayer en algunas comarcas de Girona y han pedido explicaciones.

Calvo ha respondido que se trata de una cuestión que compete "al Consejo General del Poder Judicial y no al Ministerio del Interior", justificación que la parte catalana ha considerado "inaceptable".

La detención de dieciséis personas, entre ellas dos alcaldes de la CUP, por su presunta participación en la ocupación de vías del AVE en el aniversario del 1-O ha causado indignación en el independentismo, que ayer paralizó la actividad en el Parlament como protesta.

La Generalitat entiende que son necesarias más explicaciones, como, por ejemplo, en la comparecencia en el Parlament de la delegada de Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, reclamada por JxCat, y espera que "no se produzcan más operaciones indiscriminadas sin orden judicial contra cargos electos, periodistas y ciudadanos".