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JUSTÍCIA PROCÉS

Gobierno: La Fiscalía avala que lo que era delito en 2017 lo es en 2023

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha destacado que con la postura que ha adoptado la Fiscalía sobre la aplicación de la reforma del Código Penal "se confirma" que lo que era delito en 2017, durante el procés de Cataluña, lo sigue siendo en 2023, como asegura que "ha defendido" el Gobierno.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 15:52

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha destacado que con la postura que ha adoptado la Fiscalía sobre la aplicación de la reforma del Código Penal "se confirma" que lo que era delito en 2017, durante el procés de Cataluña, lo sigue siendo en 2023, como asegura que "ha defendido" el Gobierno.

En concreto, la Fiscalía ha emitido un decreto de obligado cumplimiento para todos los fiscales para unificar criterios tras la reforma del Código Penal, que rebaja algunas penas de malversación cuando no se perciba lucro personal, aclarando que este lucro se apreciará siempre que haya voluntad de disponer del dinero público para "conseguir una ventaja o beneficio propio", sin necesidad de que haya una "ventaja patrimonial o un incremento económico".

Además, la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que mantenga las penas de 13 años de inhabilitación que impuso al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y de 12 a tres exconsellers por el proceso independentista de 2017.

"Se confirma lo que el Gobierno en todo momento ha defendido: los hechos ocurridos en el 2017 eran delito en el 2017 y son delito en 2023, y ahora lo son de acuerdo a un Código Penal que ya sí esta europeizado", ha dicho Bolaños preguntado por esta cuestión en una prensa celebrada en el Congreso de los Diputados tras reunirse con el PP para abordar la reforma del artículo 49 de la Constitución.

Bolaños ha insistido en que "los hechos de 2017 no quedan despenalizados" con la reciente reforma del Código Penal, ya que "fueron delito conforme al Código Penal de 2017 y son delito conforme al Código Penal europeizado y homologado con los países de nuestro entorno también en el año 2023".

Asimismo, ha expresado su "respeto" al criterio de la Fiscalía y a lo que el Tribunal Supremo decida en su momento sobre una posible revisión de penas tras la reforma penal.

Los cuatro fiscales del procés se oponen a la revisión de las condenas de inhabilitación de aquellos líderes independentistas que fueron condenados por sedición en concurso medial con malversación: Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa.

La razón es que, como en el caso de Carles Puigdemont, que aún no ha sido juzgado al estar fugado, los fiscales creen que la reforma del Código Penal permite seguir manteniendo que estos cuatro líderes independentistas incurrieron en un delito de malversación en su forma más grave al considerar que hubo ánimo de lucro en el desvío de dinero público para "fines delictivos".

No obstante, la Fiscalía admite que la reforma del Código Penal obliga a rebajar las penas de los cinco acusados que solo fueron condenados por sedición, un delito que ha desaparecido y ha sido sustituido por uno de desórdenes públicos agravados.

En estos casos la Fiscalía señala que tras la reforma las penas "son inferiores" a la de inhabilitación que les fue impuesta.

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