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CORONAVIRUS RECONSTRUCCIÓN (Actualización)

El Gobierno esperará a los cambios del Congreso para aplicar el decreto local

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha comprometido este lunes en nombre del Gobierno a mantener congelado el decreto sobre los ahorros de los ayuntamientos y el nuevo fondo municipal de 5.000 millones hasta que los grupos acuerden posibles modificaciones durante el trámite del Congreso.,Montero ha anunciado, además, que los ayuntamientos estarán exentos de ajustarse a la r

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 18:27

(Actualiza la información NA1197 para añadir declaraciones de la ministra de Hacienda)

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha comprometido este lunes en nombre del Gobierno a mantener congelado el decreto sobre los ahorros de los ayuntamientos y el nuevo fondo municipal de 5.000 millones hasta que los grupos acuerden posibles modificaciones durante el trámite del Congreso.

Montero ha anunciado, además, que los ayuntamientos estarán exentos de ajustarse a la regla de gasto en 2021, lo que ya podrán hacer este ejercicio. La medida aliviará las finanzas municipales en un contexto de previsible caída de la recaudación.

Son dos compromisos que la ministra ha lanzado ante la Comisión de Hacienda de la Cámara, comparecencia que ha hecho porque la petición del PP para ello fue respaldada por unanimidad en la Diputación Permanente de la semana pasada.

"El Gobierno estará encantado de escuchar sugerencias y el compromiso será no implementarlo -el decreto ley ya aprobado en el Consejo de Ministros- hasta que el Congreso lo ratifique", ha asegurado la también portavoz del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Ha pedido a los grupos, no obstante, que esos cambios se hagan con la mayor celeridad posible para que los consistorios no tengan problemas de liquidez y puedan pagar a los proveedores durante el último trimestre del año.

Está previsto que el debate para la convalidación o derogación de la norma tenga lugar en el Congreso la semana que viene. La oposición en bloque rechaza el texto.

Para evitar la derogación, es decir, que el Congreso deje sin efecto el decreto, la ministra ha ofrecido a los grupos que acepten su tramitación como proyecto de ley después de que salga adelante la convalidación.

Podrán los grupos hacer los cambios que estimen pertinentes, y así lo ha transmitido la ministra de Hacienda, de modo que lo relacionado con los remanentes y el fondo de 5.000 millones, los aspectos más rechazados, se cambie. La condición es que se haga dentro de la Constitución y de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Éste es el marco legal al que tiene que acoplarse el decreto ley o el proyecto legislativo si al final el Congreso lo cambia. Este contexto legal se hace notorio en lo que se refiere al uso de los remanentes de los ayuntamientos y al nuevo fondo de 5.000 millones de euros.

La ministra ha defendido "el mecanismo" que articula ambos instrumentos en el decreto ley que provino de un acuerdo entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), previa aprobación en su seno, aunque por el voto de calidad del presidente, Abel Caballero, alcalde de Vigo (PSOE).

Sobre el aspecto controvertido del uso de los remanentes de los ayuntamientos, un dinero que tienen en los bancos, que no pueden usar y por cuyo mantenimiento pagan un bajo interés, la ministra ha recordado que si los consistorios acuden a ellos, incurrirán en déficit, lo que no permite la Ley de Estabilidad.

Tras reprobar que la oposición, en especial el PP, use palabras como "confiscación o robo" para referirse a ese mecanismo, la titular de Hacienda ha subrayado que acogerse a los remanentes es voluntario.

Ahora bien, según su explicación, usar estos ahorros sin entrar en déficit supondría una movilización de 1.000 millones. La cuantía la ha aumentado el Gobierno con la creación de un fondo nuevo de 5.000 millones.

Montero ha hecho hincapié en que en absoluto el Gobierno se apropia de los remanentes de los ayuntamientos. Incluso una medida así no le favorece, porque le cuesta exactamente esos 5.000 millones.

Otro punto que ha defendido la ministra es el de la cobertura con hasta 400 millones de la caída de recaudación que se está derivando de la bajada del uso del transporte urbano.

El Ministerio de Transporte estimó un techo de 300 millones, pero Hacienda optó por elevarlo para tener "un colchón de seguridad" ante la posibilidad de que el uso del metro o del autobús urbano, por ejemplo, siga a la baja por culpa de la pandemia.

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