El Consejo de Ministros ha decidido hoy encomendar al Consejo de Estado la propuesta de reforma de los artículos de la Constitución (71.3 y 102.1) que establecen el aforamiento de los diputados, senadores y miembros del Gobierno, sin afectar a otros cargos o autoridades.

La ministra portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, ha afirmado que el objetivo de esta reforma es "reducir el aforamiento político al estricto ejercicio de las funciones del cargo público", y ha añadido que la intervención del Consejo de Estado asegura la calidad democrática de la reforma.

Así, el Gobierno tiene previsto aprobar el proyecto de la reforma constitucional una vez cuente con el informe del Consejo de Estado y será entonces cuando lo remita al Congreso para que, calcula, pueda ser aprobada en un plazo de sesenta días "si hay voluntad de acuerdo".

Según ha manifestado Celaá se trata de que el aforamiento deje de ser "un privilegio" y sirva exclusivamente para garantizar el ejercicio de la labor constitucional de los parlamentarios y miembros del Gobierno.

Con el encargo de la elaboración de la propuesta al Consejo de Estado, el Gobierno entiende que se favorece "el logro del consenso" para culminar la reforma constitucional, ya que son necesarias las mayorías de tres quintos en ambas cámaras, Congreso y Senado, para su aprobación.

El Ejecutivo espera que el órgano consultivo "acote jurídicamente el procedimiento" a seguir, en base a los objetivos y directrices que se pretenden abordar en esta reforma.

Celaá ha destacado que lo que hace el Gobierno con este encargo es anticipar la participación del Consejo de Estado en este proceso, ya que su informe es, en todo caso, preceptivo para realizar la reforma y, además, que su participación "pueda contribuir a la calidad normativa del texto".

El Gobierno, ateniéndose a la ley orgánica que regula el Consejo de Estado, ha decidido encomendar la elaboración de este informe al que es máximo órgano consultivo del Ejecutivo y que preside María Teresa Fernández de la Vega.

El artículo 2.3 de esta ley señala que "el Consejo de Estado realizará por sí o bajo su dirección los estudios, informes o memorias que el Gobierno le solicite y elaborará las propuestas legislativas o de reforma constitucional que el Gobierno le encomiende".

Añade que "en la elaboración de las propuestas legislativas o de reforma constitucional atenderá los objetivos, criterios y límites señalados por el Gobierno, y podrá hacer también las observaciones que estime pertinentes acerca de ellos".