El Gobierno tiene intención de continuar con el proceso de negociación con las autoridades vascas de las transferencias previstas en el Estatuto de Gernika.

Así lo manifiesta este martes un comunicado del Ministerio de Política Territorial que informa de la Comisión mixta de Transferencias Estado-País Vasco, reunida esta mañana, y en la que se acordó el traspaso de la AP-68.

Añade que, al estar sujeta a una concesión administrativa a una empresa, el Gobierno vasco se subrogará a la posición del Estado hasta que finalice dicha concesión, en 2026.

El acuerdo incluye la creación de una comisión que durante un año analizará las condiciones para las concesiones separadas que dará lugar este traspaso.

Con este traspaso, que sigue al acuerdo sobre la AP-1 del pasado mes de noviembre, se completa el proceso que comenzó en 1980, de manera que el País Vasco asume la competencia de todas las carreteras de su territorio.

La transferencia da cumplimiento al reconocimiento de un título competencial recogido en el Estatuto vasco y en la disposición adicional primera de la Constitución, tal y como ha sido interpretado por la doctrina del Tribunal Constitucional.

Precisa el Ministerio que, en virtud de la foralidad reconocida en el País Vasco, las carreteras son de titularidad de los territorios forales.

El acuerdo responde a la voluntad del Gobierno de dar cumplimiento al marco estatutario, a través de unas conversaciones que, con todas las comunidades autónomas, deben estar presididas por la lealtad y la colaboración, indica.

La de este martes ha sido la segunda reunión de la Comisión Mixta de Transferencias en esta legislatura, después de siete años sin convocatorias.

El pasado mes de noviembre se aprobaron los primeros traspasos desde 2011 -dos tramos de ferrocarril además de un tramo de la AP-1- y se acordó trabajar en la elaboración de un calendario de negociación sobre las materias que el Gobierno vasco demanda en virtud del Estatuto de Gernika, dejando al margen la Seguridad Social.

El calendario se presentó el pasado 23 de enero y las 33 materias enunciadas por el Gobierno vasco se estructuraron en tres bloques, que ordenan los asuntos a debatir de menor a mayor complejidad, con un horizonte final de posibles acuerdos en enero de 2020.

Para el Ministerio, estos acuerdos ponen de manifiesto que el marco constitucional y estatutario permite modelos que reconocen plenamente el autogobierno y refuerzan la cooperación y coordinación entre administraciones.

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El desarrollo y aplicación de los estatutos de autonomía es una obligación legal, siempre desde una perspectiva de lealtad institucional entre las partes negociadoras, concluye.