El Gobierno defiende que la reforma que han impulsado en el Congreso los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos para cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es "constitucional", aunque admite que ve legítimo que los jueces puedan criticarla desde el punto de vista corporativo.

No obstante, el Ejecutivo está seguro de que la propuesta para rebajar la mayoría de tres quintos necesaria actualmente para renovar en las Cortes a 12 de los vocales del CGPJ, que ha sido planteada finalmente como una proposición de ley orgánica en vez de como proyecto de ley, cumple con todos los requisitos legales, según recalcan fuentes gubernamentales.

DESBLOQUEAR OTROS ÓRGANOS TRAS EL CGPJ

Por otra parte, el Gobierno ya avanza que, una vez se consiga renovar el CGPJ, tiene intención de seguir desbloqueando el resto de órganos constitucionales pendientes con mandatos caducados. Para ello, intentará negociar mayorías en la medida de lo posible, pero no descarta la posibilidad de retocar nuevas leyes, si existe esa opción, y si el entendimiento con el PP se demuestra de nuevo imposible.

Ante las críticas que han llegado a la reforma del CGPJ, no solo desde los partidos de la oposición, sino también desde el ámbito judicial y el propio Poder Judicial, el Gobierno deja claro que modificación que plantean no sólo cumple con la ley, sino que no busca otra cosa que hacer cumplir el mandato constitucional de renovación de los órganos del Estado, como el CGPJ, ante el "bloqueo" del PP.

A este respecto, las fuentes consultadas señalan que puede ser legítimo que los jueces critiquen la reforma desde el punto de vista corporativo, pero no en lo que se refiere a su constitucionalidad, porque las Cortes, sede de la soberanía popular, tienen potestad para reformar la ley orgánica que regula el CGPJ. De hecho, subrayan que el Parlamento es el único órgano con capacidad para regularse a sí mismo.

JUSTIFICA LA VÍA DE LA PROPOSICIÓN DE LEY EN EL CONGRESO

Además, el Gobierno defiende la decisión de optar por presentar una proposición de ley directamente en el Congreso desde los grupos parlamentarios, en lugar de ir por la vía del proyecto de ley en el Consejo de Ministros, que hubiera obligado a recabar informes del Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, y el propio CGPJ.

El motivo que esgrime el Ejecutivo es que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha apelado siempre a los partidos para llegar a un acuerdo para renovar el órgano de gobierno de los jueces. Por ello, consideran que eran los grupos parlamentarios los poderes "concernidos", y que es el papel del Gobierno respetar ese llamamiento y a esos poderes.

Las fuentes consultadas insisten, además, en que ante la negativa del PP a negociar, no existía ya otra vía para renovar el poder judicial. De hecho, critican que el PP se está saltando ya "muchos límites" con esa postura, y que no hay "forma humana" de pactar con ellos.