La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado este jueves que llevará al Congreso de los Diputados una iniciativa para convertir en permanente el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como su financiación, para que éste no dependa de "colores políticos".

Lo ha dicho durante su comparecencia en la Comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género del Senado, en la que ha manifestado que la lucha contra todas las violencias machistas no puede depender de colores políticos o de quien gobierne, sino que debe ser una política de Estado "perdurable".

El Pacto, que nació en 2017, se aprobó para cinco años, por lo que cuenta con fecha de caducidad y la propuesta del Ministerio consiste en institucionalizarlo como uno de los grandes consensos de Estado.

"Mientras las violencias contra las mujeres sigan estando en la ecuación, el Pacto de Estado debe seguir siendo el pilar que sostenga las políticas de igualdad y contra las violencias de género. Se trata de una herramienta muy valiosa, una auténtica vacuna contra el machismo y su negacionismo", ha subrayado.

La ministra cree "imprescindible" que el Pacto no sea sólo una declaración de intenciones, sino que los "compromisos se conviertan en hechos" y ha incidido en que para luchar contra las violencias machistas debemos dotarnos de los mejores recursos disponibles como Estado y como sociedad y eso pasa -ha dicho- porque se destinen recursos económicos suficientes.

"Sin lugar a dudas, esta es la mejor forma de garantizar esos recursos a futuro, de asegurar su permanencia con independencia de quien gobierne y con un gran pacto de toda la sociedad", ha afirmado.

Además, Montero ha avanzado que esta iniciativa irá acompañada y reforzada por la "Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas (2022-2025)", dirigida a fortalecer el Pacto de Estado y ampliar la respuesta frente a todas las formas de violencias machistas.

Esta estrategia será licitada a través de procedimiento abierto el mes que viene, en junio, de forma que su elaboración y el proceso participativo sobre el que se fundamenta habrá concluido en el primer trimestre de 2022.