Madrid, 11 ene (EFE). El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un anteproyecto de ley para impulsar la mediación y que obligará a intentar un proceso de ese tipo antes de acudir a los juzgados en los conflictos civiles y mercantiles más comunes, como los divorcios o los impagos de alquileres o hipotecas.

A propuesta de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, el Gobierno ha dado su visto bueno al anteproyecto de una norma con la que se pretende la implantación definitiva de la mediación como figura complementaria de la Administración de Justicia para la resolución extrajudicial de conflictos, con un menor coste económico y personal para las partes.

Según la referencia del Consejo, el impulso de la mediación busca también descongestionar la carga de trabajo de los juzgados y acortar así los tiempos de respuesta de la Justicia.

Para el Gobierno, la nueva regulación superará el modelo de mediación actualmente vigente basado en su carácter exclusivamente voluntario por el denominado de "obligatoriedad mitigada", que obligará a los litigantes a asistir a una sesión informativa y exploratoria en los seis meses previos a la interposición de la demanda en un número tasado de materias.

Esta sesión será conducida por un mediador, que explorará tanto el asunto objeto de controversia como el posicionamiento inicial de las partes.

A estas se les informará de la dinámica de trabajo que se seguirá en caso de que finalmente se acuerde continuar la mediación y de sus beneficios frente a la vía judicial en cuanto a ahorro de tiempo y costes.

Recuerda el Gobierno que en la mediación no se requiere abogado ni procurador y que el coste económico de recurrir a un mediador se estima muy inferior al de la vía judicial.

La obligación de intentar la mediación se extiende a los casos civiles más comunes, como pequeñas reclamaciones de cantidad, herencias o asuntos de familia.