La propuesta, que obliga a una reforma limitada de la Constitución, calca la propuesta redactada por el Consejo de Estado

El Consejo de Ministros aprobará este viernes una propuesta de reforma de la Constitución para limitar el aforamiento de los miembros del Gobierno, diputados y senadores a delitos cometidos en el ejercicio de las funciones propias del cargo. La reforma no entrará en el terreno de las autonomías, que tendrán libertad para decidir cuándo revisar sus Estatutos para que se adecúen a la nueva redacción de la Carta Magna.

El texto que remitirá el Ejecutivo al Parlamento se ajusta estrictamente a la propuesta formulada por el Consejo de Estado, el órgano consultivo del Gobierno al que se le encargó la propuesta de reforma. Así, la propuesta no menciona los aforamientos de los cargos públicos autonómicos, han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo.

El informe del Consejo de Estado no hacía una propuesta específica sobre la reforma de los cargos públicos autonómicos, pero sí apuntaba dos posibles fórmulas para que los Estatutos de Autonomía se adecúen a la nueva redacción de la Carta Magna.

La opción preferible por el Consejo de Estado es la reforma de esos estatutos, si bien reconoce que se trata también de la fórmula más complicada por depender de la voluntad de los parlamentos autonómicos. Por eso apuntaba una segunda vía, más inmediata: la introducción de una "previsión constitucional que disponga que los aforamientos de las autoridades y cargos públicos autonómicos queda constreñido al ejercicio de las funciones propias de su respectivo cargo".

El Gobierno ha optado por rechazar esta segunda opción, al entender que deben ser las propias autonomías las que, por su propia iniciativa, se adecúen a la nueva redacción de la Constitución.

LAS CCAA ADELANTADAS

Hay algunas autonomías que ya han eliminado los aforamientos de sus políticos. Es el caso de Canarias, por ejemplo, que en la reciente reforma de su Estatuto ha terminado por completo con el aforamiento de los miembros del Ejecutivo y parlamentarios autonómicos, incluso para los actos cometidos en el ejercicio de sus funciones. En el mismo sentido se están tramitando en la actualidad las reformas de los Estatutos de Cantabria y Murcia.

Así, la propuesta que aprobará el Consejo de Ministros se limita a modificar los artículos 71 (apartado 3) y 102 (apartado 1) de la Constitución que hacen referencia al fuero de los miembros del Gobierno, diputados y senadores.

Una disposición transitoria precisará que la reforma se aplicará a los procesos iniciados "con posterioridad a su entrada en vigor" y una disposición adicional señala que en el plazo máximo de un año se deberán aprobar las disposiciones legales necesarias para regular el régimen procesal de los aforamientos.

En su informe, el Consejo de Estado apuesta por acotar también y en el mismo sentido que para el Gobierno, el fuero de los presidentes del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y sus vocales, del Tribunal Constitucional, de los magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, del presidente de la Audiencia Nacional y de cualquiera de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia.

También el aforamiento del fiscal general del Estado, fiscales de Sala del Tribunal Supremo, presidente y consejeros del Tribunal de Cuentas, presidente y consejeros del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo.

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Como en el caso de los cargos públicos autonómicos, el Consejo de Estado considera que no tendría sentido que tuvieran un nivel mayor de protección que los políticos a los que se refiere expresamente la Constitución.

Una vez que el texto llegue a las Cortes, el Ejecutivo ve posible tramitar la propuesta en tan sólo 60 días y ha asumido con normalidad la posibilidad de que la reforma limitada de la Carta Magna sea sometida a referéndum. Sólo con que un 10 por ciento de los diputados lo pida --y Unidos Podemos ya ha avanzado esta intención-- es obligado proceder a esa consulta.