La consellera de Derechos Sociales, Violant Cervera, trasladará mañana al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, la disconformidad de la Generalitat con la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el decreto del ingreso mínimo vital (IMV) que consideran "contraria a la jurisprudencia previa del TC".

El Departamento de Derechos Sociales ha hecho público un comunicado después que el TC ha rechazado el recurso de inconstitucionalidad que el Govern presentó contra varios artículos del decreto de ingreso mínimo vital que el Gobierno aprobó el año pasado, al descartar que invada competencias autonómicas.

En su sentencia, que cuenta con el voto particular de la magistrada María Luisa Balaguer, al que se adhirió Juan Antonio Xiol, el Constitucional concluye que el decreto ley impugnado no ha vulnerado las competencias que corresponden a Cataluña en materia de Seguridad Social.

La Generalitat, sin embargo, considera que la decisión del TC "es contraria a la jurisprudencia previa del TC y supone una recentralización de funciones de carácter ejecutivo sobre un ámbito de competencia de la Generalitat, competencias que se ejercen, por ejemplo, con las pensiones no contributivas de invalidez o de jubilación, gestionadas desde 1990".

El gobierno catalán no encuentra "ninguna razón que justifique la asunción, por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), de la competencia para el reconocimiento y el control de la prestación económica del INMV".

Recuerda que la Generalitat reclamaba la gestión íntegra del IMV y considera que el decreto ley vulnera las competencias del Govern de Cataluña en materia de gestión íntegra y ejecución de la modalidad no contributiva de la Seguridad Social y las competencias exclusivas en materia de servicios sociales.

La administración autonómica argumenta que el IMV y la renta garantizada de ciudadanía (RGC) creada en Cataluña comportan un conjunto de actuaciones "de gestión y reconocimiento referidas a los propios servicios sociales que necesariamente deberían corresponder a Cataluña, que tiene la competencia".

La consellera Cervera trasladará mañana a Escrivá la postura de la Generalitat sobre este asunto en el encuentro que tienen previsto mantener en Barcelona y que consideran supone "una involución en las competencias de la Generalitat ejercidas desde hace más de 30 años y va en detrimento de una buena atención a las personas que más lo necesitan".

El gobierno catalán interpuso el pasado mes de febrero el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del decreto ley de ingreso mínimo vital, en base a un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que apuntaba a que la norma vulneraba competencias autonómicas, no solo sobre Seguridad Social, sino también en materia de asistencia social.

El Constitucional considera que dentro del concepto de legislación básica que corresponde regular al Estado se incluye "la determinación de su modelo de gestión, lo que garantiza que el acceso a tales prestaciones y su disfrute por parte de los ciudadanos se produzca de forma igualitaria y homogénea en todo el territorio nacional". EFE

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