Los servicios jurídicos de la Generalitat están en contacto con los del Gobierno para evitar que la ley que limita el precio de los alquileres, que se aprobó en septiembre en el Parlament, sea recurrida por el Ejecutivo central ante el Tribunal Constitucional (TC).

En rueda de prensa telemática este martes posterior al Consell Executiu, la portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha llamado a dejar trabajar durante unos meses a los servicios jurídicos de ambas partes para intentar alcanzar un acuerdo y evitar dicho recurso.

La ley limita el precio de los alquileres de aquellas viviendas que estén dentro de una área declarada como "mercado de vivienda tenso", en el que se incluyen los municipios que cumplan alguno de los tres requisitos previstos: que experimenten un crecimiento sostenido claramente superior al de la media de Cataluña; que la carga media del coste del alquiler en el presupuesto personal o familiar supere el 30% de los ingresos habituales, y que el precio haya subido cinco años al menos tres puntos por encima del IPC.