La Fundación Francisco Franco ha pedido a la Sala Tercera del Tribunal Supremo como medida cautelar la suspensión del acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 15 de febrero, en el que se acordó la exhumación de los restos del dictador de la basílica del Valle de los Caídos.

En el recurso contencioso-administrativo, presentado ayer y hecho público este miércoles, contra esa decisión del Gobierno, la Fundación da cuenta de la unanimidad de los miembros del Patronato para impugnar jurisdiccionalmente ese acuerdo.

Hasta que se dicte la sentencia sobre el recurso pide la adopción de medidas cautelares "para asegurar la efectividad de una eventual sentencia estimatoria" y que se suspenda la exhumación.

Estiman que el acuerdo de febrero es "nulo de pleno derecho" por vulnerar "abiertamente" no solo la Constitución, sino el real-decreto que modifica la ley de Memoria Histórica y "toda la normativa que conforma el régimen jurídico" de la basílica del Valle de los Caídos, además de normativa europea.

En su opinión, lo que decidió el Consejo de Ministros en febrero no supone "la terminación del procedimiento", ya que no incluye el traslado de los restos a otro lugar, por lo que el acuerdo es "contrario a la ley".

En el escrito se alude también a una decisión posterior del Consejo de Ministros, el pasado 15 de marzo, en la que se anunció la exhumación de Franco para el próximo día 10 de junio e inhumación en el panteón del cementerio de Mingorrubio, en el Pardo.

Para la Fundación, esta "ilegal forma de terminación del procedimiento" sin esperar al pronunciamiento judicial, implica un "claro desprecio" a este y a la separación de poderes, y evidencia "la prisas" del Gobierno por hacer de esta cuestión una "bandera estrella para las elecciones generales venideras".

Advierte que si no se suspende la exhumación, se producirían "daños irreparables" si una sentencia posterior acordara su vuelta a la basílica tanto a su familia como a la sociedad en su conjunto.

A su juicio, no existe interés general y sí partidista del Gobierno en lleva a cabo inmediatamente la exhumación, ya que han transcurrido 44 años desde la muerte y entierro del dictador y en ese tiempo han gobernados partidos con mayorías absolutas que no han mostrado interés en esta cuestión.