El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha afirmado hoy que durante los últimos cuatro años el coste para las arcas públicas en materia de responsabilidad patrimonial, por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, ha superado los 15 millones de euros.

Lesmes ha participado hoy en la capital salmantina junto al rector de la Universidad de Salamanca (USAL), Ricardo Rivero, en la inauguración de un curso del CGPJ titulado "El anormal funcionamiento de la Administración de Justicia".

Durante su intervención, ha recordado que esa responsabilidad patrimonial solo opera en los casos de prisión provisional indebida y en los de error judicial.

Tras calificar de "claramente positiva" la actualización de conocimientos, en alusión al curso que se desarrollará durante tres jornadas en la institución académica, Lesmes se ha referido a la intervención de diversas instancias en los procedimientos de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Justicia.

En todo caso, ha señalado que el análisis de los expedientes de reclamación de indemnización por ese funcionamiento anormal "absorbe gran parte de la carga de trabajo del Consejo General del Poder Judicial".

Así, ha afirmado que se han emitido 284 informes en 2017, 402 en 2016 y 338 en 2015, y que en la mayoría de los expedientes el CGPJ se pronuncia en sentido favorable al derecho a la indemnización por considerar constatada la existencia del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia".

Esos porcentajes fueron del 63% en 2017, del 74% en 2016 y del 62% en 2015, ha añadido.

Respecto a los motivos que sobre todo alegan los ciudadanos para reclamar el derecho de indemnización ha explicado que "se funda en la existencia de dilaciones indebidas en los procesos".

También en clave estadística, ha señalado que el Ministerio de Justicia viene tramitando unos seiscientos procedimientos de responsabilidad patrimonial de media por el funcionamiento de la Justicia, aunque en algunos años ha estado cerca de los setecientos.

La mayoría, el sesenta por ciento, versa sobre el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, seguidos a los casos de prisión preventiva indebida, en torno al treinta de los expedientes y en último lugar los referidos a error judicial, el diez por ciento de los casos, ha apuntado.