Agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales en Canarias estarán presente el próximo sábado, 27 de noviembre, en la manifestación convocada en Madrid contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana anunciada por el Gobierno central.

En este sentido, el sindicato policial Jupol ha expuesto que desde Canarias se asistirá a la manifestación contra la reforma de dicha ley al entenderse que supone un "ataque frontal" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como la "eliminación por completo del principio de autoridad que debe regir en los cuerpos policiales de cualquier estado democrático".

Esta reforma, añade en nota de prensa, "no hace más que poner a los pies de los caballos a los agentes de la autoridad", entendiendo que se pone "en riesgo su integridad física, la de sus familias y la del resto de los ciudadanos en beneficio únicamente de los manifestantes violentos y de los delincuentes".

La manifestación se realizará bajo el lema 'NO a la inseguridad ciudadana' y con este acto se busca la unión de "todos los representantes policiales, unidos bajo un interés común y en defensa de todos" sus derechos, "en la que tendrán cabida todas las siglas, todos los cuerpos policiales, así como miembros de la sociedad civil y de la política que quieran sumarse en contra de este ataque a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

Desde Jupol se incide en que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana "busca limitar" a los agentes "ante los violentos, reducir la operatividad para poder apaciguar la violencia en las calles y poner el foco delictivo en los policías y guardias civiles en vez de en los delincuentes y los violentos".

Por ello, consideran que se trata de un "ataque" sin precedentes al principio de autoridad y "en favor de los manifestantes violentos y los delincuentes", ya que subraya que la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana les "deja sin principio de autoridad pero también sin medios para poder frenar la violencia, para evitar el saqueo de la propiedad privada y el destrozo sistemático" de las calles en las que se producen manifestaciones "violentas".

Por otra parte, expone que les deja también "sin derecho a la intimidad", ya que aseguran que se permite que los "enemigos puedan difundir" la imagen de los agentes, lo que matizan pone "en grave riesgo" la integridad física y la de las familias.

"Una situación que encima se produce en el momento que más atentados contra la autoridad se cometen en España. Una cifra que se incrementa día a día con más de 20 agresiones a policías diarias en nuestro país. Una situación en la que el Ministerio del Interior lejos de ponerse del lado de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, parece que prefiere mostrar su apoyo a los que nos atacan (...)", apuntilla.

Finalmente, indican que se "ha afeado la criminalización que, a su parecer, se está haciendo en los últimos tiempos desde varios sectores del Gobierno de España", citando como último ejemplo el "anuncio de la creación de la Oficina Nacional de Garantías de los Derechos Humanos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", lo que entienden es un "insulto a la labor encomiable" que realizan los agentes.

Además, añade, que en España "ya existen los mecanismos necesarios para depurar cualquier tipo de responsabilidad ante una hipotética mala" praxis policial, por lo que es "muy grave" que "se intente debilitar" la imagen de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.