La Fiscalía no recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que confirmó la absolución dictada por la Audiencia para el exalcalde de Valladolid Javier León de la Riva de tres delitos de prevaricación.

Según han informado a la Agencia Efe fuentes del Ministerio Público, la decisión de no recurrir la sentencia obedece a las dificultades técnicas y jurídicas que existen para presentar un recurso de casación en segunda instancia a una sentencia absolutoria.

El pasado 27 de noviembre, la sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) desestimó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía contra la sentencia absolutoria sobre la causa conocida como "Comfort Letter" y que absolvió a Javier León de la Riva de tres delitos de prevaricación en concurso con otro de falsedad documental.

En este caso, las acusaciones se centraron en que el exregidor supuestamente suscribió tres "comfort letter" -cartas de conformidad-, sin pasar por los órganos municipales correspondientes para su autorización y destinadas a avalar el soterramiento del ferrocarril de la ciudad.

El Tribunal Superior de Justicia también confirmó la absolución de los exconcejales Manuel Sánchez y Alfredo Blanco.

El exalcalde de Valladolid Javier León de la Riva (PP) sostuvo en la vista del recurso de apelación que era ginecólogo y desconocía el alcance legal de las cartas de conformidad que firmó y que le llevaron a estar acusado de prevaricación.

En la sentencia, a la que tuvo acceso Efe, el TSJCyL advertía de la "compleja naturaleza jurídica" de los documentos cuya firma fue indispensable para la apertura de la línea de crédito a la sociedad constituida para realizar las obras de soterramiento del tren de alta velocidad en Valladolid.

Una complejidad -indicó el tribunal- que acredita el hecho de que ni la más acreditada doctrina mercantilista se haya puesto de acuerdo sobre su naturaleza obligacional.

Por lo tanto, el TSCyL indicó que "no es de extrañar" que una persona "profana en derecho", como es el caso de De la Riva, ignorase el alcance de lo que estaba firmando y creyera que se trataba de una simple recomendación y, por tanto, no considerarse preciso someterlo al criterio de los órganos técnicos o de intervención del Ayuntamiento.