La Fiscalía Provincial de Valladolid ha presentado este viernes un recurso de apelación ante el juez de Vigilancia Penitenciaria que otorgó el permiso al marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, para realizar un voluntariado fuera de la prisión de Brieva (Ávila) en la que cumple condena por el caso Nóos.

El Ministerio Público argumenta en su escrito que el permiso "no cumple los requisitos legales", ya que, por un lado, "no tiene como contenido un programa específico de tratamiento", y en segundo lugar, el exduque de Palma aún "no ha cumplido la cuarta parte de su condena", que es de cinco años y diez meses de cárcel.

Por otro lado, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Valladolid ha establecido este viernes que queda "terminantemente" prohibido para Iñaki Urdangarin cualquier comunicación con los familiares en el horario establecido de salidas, fijadas con el único fin de realizar la actividad de voluntariado. En una providencia del Juzgado, el juez recuerda que Urdangarin es un interno clasificado en segundo grado, de forma que el régimen de comunicaciones y visitas es "única y exclusivamente" el del Reglamento Penitenciario.

Precisa que las salidas autorizadas lo son para el único fin de realizar la actividad de voluntariado -justicia restaurativa- con las personas dependientes del Centro Hogar Don Orione. "Queda terminantemente prohibido cualesquiera comunicación con los familiares en el horario establecido de salidas, incluidas las llamadas telefónicas y otros medios de similar eficacia, incluido mensajería (Whatsapp, Skype...)."

También afirma el Juzgado que el interno no puede salir de las instalaciones salvo en caso de acompañamientos de las personas a su cargo en sus paseos por las inmediaciones y matiza que el penado deberá realizar las comidas en las propias dependencias del centro. La providencia, con fecha de hoy, se ha emitido después de que Urdangarin desarrollase ayer su primera jornada como voluntario en Pozuelo de Alarcón (Madrid), tras salir por primera vez de la cárcel de Brieva, en Ávila, donde ingresó el 18 de junio de 2018 para cumplir una condena de cinco años y diez meses de prisión por el caso Noós.