El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ha propuesto hoy una reforma legal que otorgue a la Fiscalía la dirección de la investigación penal, actualmente competencia de los jueces, y facilite que pueda llegar a acuerdos con empresas para evitar juicios sobre su responsabilidad por delitos en su seno.

Alejandro Luzón ha expuesto este planteamiento durante su conferencia de inauguración del IV Congreso Nacional de Compliance, organizado por Thomson Reuters.

Ha recordado que los programas de compliance, de cumplimiento normativo para evitar delitos en la actividad de las personas que integran la empresa, tienen valor para eximir de responsabilidad penal a las compañías que demuestren que han aplicado uno de ellos de forma eficaz en el marco de una cultura ética empresarial.

Luzón ha añadido que la reciente incorporación en el ordenamiento español de la responsabilidad penal de las personas jurídicas -antes solo podían ser juzgadas y condenadas las físicas- y de dicha exención de responsabilidad "ha supuesto un acicate para las empresas para la implantación de programas de compliance".

Ha apostillado que "ello no tanto por evitar sanciones sino para no sufrir un daño reputacional por estar sometido a un procedimiento penal".

"Lo que sucede es que va a ser difícil que las empresas eviten el daño reputacional alegando la eficacia de un programa de compliance porque en España no hay entorno procesal propicio", ha advertido el fiscal jefe Anticorrupción.

En este sentido ha explicado que España ha importado unos programas de compliance del modelo anglosajón en el que las facultades del fiscal son distintas a las del derecho penal español.

"En los países anglosajones como Reino Unido y principalmente Estados Unidos los procedimientos contra las personas jurídicas terminan en su práctica totalidad con acuerdos entre las partes que permiten que la empresa evite el procedimiento penal pagando una sanción, admitiendo su culpabilidad y comprometiéndose a modificar su estructura corporativa con el compromiso de no vulnerar la ley en un plazo determinado", ha explicado.

De esta forma "nunca se llevan los programas de compliance a juicio para debatir si era eficaz o si era correcto, lo que es una prueba muy compleja, y se evita un difícil juicio y el daño reputacional de la empresa".

Ha añadido que sin embargo "la posibilidad de alcanzar acuerdos con las empresas en el derecho procesal penal español es muy limitado porque el fiscal no dirige la instrucción penal, sigue siendo el juez, y la conformidad está muy restringida".

Además, están las figuras de las acusaciones particulares y la acción popular, "con lo cual el fiscal no tiene la llave del proceso y aunque quisiera llegar a acuerdos con las personas jurídicas el marco procesal se lo impediría".

Por todo ello estima que es "de urgente necesidad establecer un sistema procesal nuevo diferente al que tenemos, más dinámico, más ágil y más equilibrado, que conceda la investigación al Ministerio Fiscal".

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"Entretanto tenemos que trabajar con lo que hay y en ese sentido la Fiscalía General ha dado unas pautas para permitir la exoneración pronta de la persona jurídica y evitar llevar estos programas de cumplimiento normativo a unos juicios que complican y dilatan más todavía los procedimientos penales, que se convierten en macrocausas de difícil conclusión".