El Ministerio fiscal y el abogado de la familia del concejal de IU en Llanes Javier Ardines, asesinado en 2018, han solicitado este martes, en la vista de apelación de sentencia, que se rechacen los recursos presentados por las defensas de los cuatro condenados a penas de entre 20 y 22 años: Pedro N.A. como inductor; Djilali B. y Maamar K. como autores materiales a cambio de dinero, y Jesús M., como intermediario.

Tal y como habían avanzado, las defensas han formalizado su solicitud de revocación de la sentencia y la celebración de un nuevo juicio con un tribunal del jurado y un magistrado diferentes al estimar que se vulneraron los derechos de sus defendidos.

Las defensas han incidido en que el jurado tuvo acceso a una parte de las diligencias que hacían referencia a una declaración de Jesús M., posteriormente anulada al haber sido efectuada en calidad de testigo y no de investigado, con la que se establecía la conexión del señalado como intermediario con uno de los supuestos sicarios.

Además, tal y como hicieron en la vista oral, han incidido en pedir la anulación de la declaración ante los agentes de uno de los supuestos sicarios al considerar que carecía de todas las garantías al estar incomunicado, argumentos que han sido rechazados tanto por la Fiscalía como por la acusación particular.

La Audiencia de Oviedo condenó el pasado mes de diciembre a Pedro N.A, que habría planificado el crimen tras conocer que su mujer y el concejal mantenían una relación, a 22 años de prisión, al igual que a los dos ciudadanos argelinos acusados de ejecutar el crimen a cambio de dinero, Djilali B. y Maamar K., mientras que a Jesús M. se le impuso una pena de 20 años como cooperador necesario al atribuirle el papel de intermediario.

Los cuatro acusados, que fueron declarados culpables por unanimidad por un jurado popular tras un juicio que se prolongó durante 18 sesiones, deberán indemnizar además a la viuda y los dos hijos de Ardines con 400.000 euros de forma conjunta y solidaria, según estableció el fallo.

La sentencia declaró acreditado que Pedro N.A. descubrió la relación extramatrimonial de su mujer, a su vez prima segunda de la esposa de Ardines, tras grabarles en diciembre de 2017 una conversación que confirmó sus sospechas y meses después, en julio de 2018, comenzó a urdir un plan para acabar con la vida del edil.

Para ello, Pedro N.A. le hizo el encargo a su amigo Jesús M. que, tras aceptar ayudarle, contactó con Djilali B y los tres viajaron el 27 de julio de 2018 desde Vizcaya, donde todos ellos residían, hasta la parroquia llanisca de Belmonte de Pría, para transmitirle al sicario toda la información sobre la zona y las costumbres y hábitos del concejal, según detalló el fallo.

Tras acordar los preparativos de una emboscada, Djilali B. asumió el encargo y propuso ejecutarlo y repartirse el dinero con su compatriota argelino Maamar K.

Así, el 16 de agosto de 2018, los dos sicarios se trasladaron de nuevo a las inmediaciones de la vivienda de Ardines hacia las cuatro y media de la mañana y colocaron en el camino vecinal tres vallas metálicas de obra para cortar el paso.

Tras ello, se escondieron y esperaron la llegada de Ardines, quien tenía la costumbre de salir muy temprano de casa para ir a faenar con su barco, labor que compatibilizaba con su cargo como concejal de Playas, Personal y Medio Rural.

Ardines se encontró con las vallas sobre las seis y cuarto de la mañana, lo que le obligó a bajar del coche para retirarlas.

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En ese momento irrumpieron los dos sicarios, que primero le rociaron con un espray de pimienta para luego golpearle en la cabeza con un bate de béisbol o un palo, y después estrangularle, según detalló la sentencia tras el veredicto del jurado.

El asesinato de Ardines obligó a la Guardia Civil a una larga y compleja investigación que llevó a la detención de los acusados seis meses después del crimen.