(Actualiza con detalles del escrito de la Fiscalía)

La Fiscalía ha pedido que se confirme la sentencia de cinco años de prisión por dos delitos de sustracción de menores a los que fue condenada por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada Juana Rivas, quien formalizó un recurso de apelación ante la Audiencia de Granada contra ese fallo.

Según recoge el escrito al que hoy ha tenido acceso Efe, el Ministerio Público ha impugnado el referido recurso y ha solicitado que se confirme la sentencia condenatoria, coincidente con la petición de prisión que efectuó en el juicio, al entender que es "plenamente ajustada y acorde a derecho".

Para rechazar las alegaciones o peticiones efectuadas en el recurso por Rivas la Fiscalía sostiene, entre otras cuestiones, que Juana era "sabedora de la existencia de una resolución judicial que le imponía una clara y concreta obligación: devolver, restituir a sus hijos a su padre en Italia".

"Desoyó y desatendió haciendo caso omiso a una resolución judicial cuyo contenido y consecuencias conocía y eran de fácil comprensión para cualquier persona de un entendimiento medio o incluso bajo, sin necesidad de ningún entorno asesor que se las explique", indica la fiscal, que lamenta el "absoluto desprecio" al ordenamiento jurídico por parte de Rivas.

Señala incluso que la defensa recurre a la "teoría de la conspiración del entorno asesor" pero no concreta cómo hizo este para desvirtuar unos hechos "de una evidencia palmaria", e insiste en que todos los hechos ejecutados por Rivas "lo fueron bajo su exclusivo control de decisión, sin que nadie mermase o anulase su voluntad".

La decisión de la Fiscalía coincide con la de la acusación particular ejercida por la expareja de Juana Rivas, el italiano Francesco Arcuri, que también ha impugnado el recurso al considerar que hay pruebas contundentes contra Juana Rivas y ha descartado su justificación como víctima de maltrato.

Juana Rivas formalizó, a través de su entonces defensa, un recurso contra su condena a cinco años de cárcel, por permanecer en paradero desconocido con sus hijos para evitar entregárselos a su expareja, y pidió su absolución al entender que el maltrato que sufrió justificó su forma de actuar.

La vecina de Maracena (Granada) fue condenada además a seis años de inhabilitación para la patria potestad de sus dos hijos y el fallo la obliga también a pagar las costas procesales, incluidas las de la acusación, y a indemnizar con 30.000 euros a Arcuri, condenado en 2009 por maltrato y al que ella volvió a denunciar en 2016.

Respecto a este último aspecto la Fiscalía hace, "en respeto al principio de legalidad que preside su actuación", una alegación en cuanto al derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de Arcuri y señala que en ese particular podría hacerse una "moderación" de la cuantía indemnizatoria inicialmente fijada.