CASO LEZO (Actualización)

Fiscalía pide archivar querella de abogado de Villar Mir contra juez de Lezo

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido el archivo de la querella presentada por la defensa del expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir contra el juez de Lezo, Manuel García Castellón, al que atribuyen un supuesto delito de prevaricación por autorizar escuchas telefónicas entre el empresario y sus letrados.,Fuentes fiscales han informado a Efe de que el ministerio público ya ha remitido al Tribunal Supremo su informe

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2' Actualizado 13:35

(Actualiza la NA4111 con el contenido del informe)

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido el archivo de la querella presentada por la defensa del expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir contra el juez de Lezo, Manuel García Castellón, al que atribuyen un supuesto delito de prevaricación por autorizar escuchas telefónicas entre el empresario y sus letrados.

Fuentes fiscales han informado a Efe de que el ministerio público ya ha remitido al Tribunal Supremo su informe, que no es vinculante, en el que solicita la inadmisión de la querella que los letrados presentaron contra el juez de la Audiencia Nacional y el letrado de la Administración de Justicia de su juzgado.

"Ni existen indicios de prevaricación, ni ha habido interceptación ilegal de comunicaciones, retraso malicioso, falsedad, o infidelidad en la custodia de documentos" dice la fiscal Pilar Fernández Valcarce en su informe.

La defensa de Villar Mir, que fue amparada por el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), atribuía al juez estos delitos al considerar que se excedió en sus funciones cuando autorizó las escuchas entre el empresario, imputado en el caso Lezo, y sus abogados entre noviembre de 2017 y febrero de 2018.

Una actuación que, según el abogado del empresario, pudo vulnerar el derecho de defensa y el secreto de las comunicaciones entre abogado y cliente.

Pero, según el ministerio público, García Castellón no acordó "en ningún momento" la intervención telefónica de Villar Mir con sus abogados, sino que fue en el curso de los pinchazos telefónicos cuando se interceptaron algunas conversaciones entre ambos.

"Inevitablemente esto puede suceder. Lo que ha de valorarse es la actuación posterior, cuando ello se ha producido" , dice la Fiscalía, que recuerda que el juez preguntó a las partes si procedía a la destrucción de dichas conversaciones, como finalmente se produjo.

Sin embargo, una vez dada esa orden -critica la fiscal-, el abogado de Villar Mir pidió que las escuchas no se destruyeran, una estrategia de defensa que "parece lograr una 'apariencia' de confusión, resoluciones contradictorias y retraso en el cumplimiento de lo acordado".

En relación al argumento del abogado de que las grabaciones únicamente estuvieron en manos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la Fiscalía señala que éstas estaban en un sistema informático en el que no se pueden alterar sin quedar registrado.

Parte del contenido de esas grabaciones se conoció al levantarse el secreto de la pieza 3 del caso Lezo sobre la adjudicación del tren de Navalcarnero (Madrid), en la que se investigan presuntas comisiones de OHL al expresidente madrileño Ignacio González.

Los pinchazos revelaron una conversación en la presuntamente se hablaba de la necesidad de contar con un informe médico para que Villar Mir no acudiese a una citación ante la Guardia Civil el pasado 8 de enero, un asunto que está actualmente investigando un juzgado de Madrid.

Ahora es la Sala de Admisión del Supremo, presidida por el magistrado Manuel Marchena, quien debe decidir si admite o no la querella a trámite.

Lo más