La Fiscalía de Cantabria pide una pena de ocho años de inhabilitación para la exdiputada del PSOE y exalcaldesa de Santoña, Puerto Gallego, y para ocho ediles que estuvieron en la junta de gobierno local entre 2003 y 2009 por un delito de prevaricación continuada, acusados de haber fraccionado contratos.

Es la misma pena que solicita la acusación que ejerce en esta causa el PP, mientras que la del exedil del Movimiento Falangista Leoncio Calle pide que la inhabilitación sea de nueve años.

Así se recoge en el auto de apertura de juicio oral que ha dictado el Juzgado de Instrucción número 2 de Santoña, que ha consultado Efe.

El exconcejal Leoncio Calle y el PP denunciaron al equipo de gobierno del PSOE de Santoña, con Puerto Gallego a la cabeza, por fraccionar contratos del Ayuntamiento en cuantías menores para que no saliesen a concurso público y adjudicarlos a "empresas afines", a pesar de los reparos emitidos por los interventores desde 2003.

El auto de apertura de juicio oral ratifica las medidas cautelares adoptadas en la instrucción de la causa y determina que el órgano competente para enjuiciar y dictar sentencia es el Juzgado de lo Penal de Santander.

En el auto de fin de instrucción de hace un año, la juez explicaba que entre 2003 y 2009 la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santoña adoptó varios acuerdos, relativos a contratos administrativos, en los que se prescindió del preceptivo concurso previo pese a que en el cómputo anual se superaba la cuantía del contrato menor.

La juez entiende que las contrataciones se fraccionaban para lograr así que las cuantías "fueran inferiores a las reales", que hubieran exigido un procedimiento abierto.

Además, en el auto manifestaba que, pese a la reiterada formulación de reparos de legalidad por parte del interventor del Ayuntamiento de Santoña, se aprobaron los gastos y se abonaron las facturas.

Según la magistrada, se vulneraron varias normas reguladoras del procedimiento.

La Audiencia de Cantabria confirmó este verano que la causa debía continuar por un supuesto delito de prevaricación, tras rechazar los recursos de la defensa.

Gallego declaró en octubre del pasado año en calidad de investigada ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santoña, que había archivado anteriormente la causa al considerar que "no resultaba debidamente justificada la perpetración del delito".

Dos semanas después de ese archivo, la magistrada reabrió la causa tras admitirse los recursos presentados por los querellantes.