Un abogado amplía su denuncia y recurre las nuevas resoluciones que regulan las salidas de los menores en las fases 2 y 3

La Fiscalía no se opone a que el Tribunal Supremo examine las órdenes del Ministerio de Sanidad que regulan la salida de los menores durante el estado de alarma y la desescalada del confinamiento decretado por la pandemia de coronavirus, al tiempo que asegura que no ha recibido "intento de presión alguno" por parte del Gobierno en lo que respecta a los recursos que se están presentado contra estas resoluciones. La Abogacía del Estado, por contra, se opone a esta investigación en el alto tribunal.

Así consta en dos escritos distintos, a los que ha tenido acceso Europa Press, presentados por el fiscal Pedro Crespo en el marco de la causa abierta en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo contra las órdenes de Sanidad, recurridas por el abogado Curro Nicolau para poder trasladarse con su hija de 9 años a su segunda residencia en Alp (Girona).

El letrado comenzó yendo contra el decreto del estado de alarma, concretamente el punto en el que se limita la libertad de circulación de los ciudadanos, pero el alto tribunal inadmitió el recurso al comunicarle que este tribunal carece de competencia para estudiar normas con rango de ley. Sí concretaba que su jurisdicción se limita a las órdenes ministeriales.

NO HABRÍA ADMITIDO PRESIONES

Nicolau recurrió esta decisión y en su respuesta, el fiscal explica que el Supremo aplica la doctrina del Tribunal Constitucional en este sentido. Además, ante las afirmaciones del abogado de que tanto el Ministerio Público como la Abogacía del Estado actúan bajo "presión" del Ejecutivo, Crespo niega la mayor y asegura que la Fiscalía del alto tribunal "no ha percibido intento de presión alguno", el cual "por supuesto no habría admitido".

El fiscal se pronuncia así "por si alguna duda subsistiera" y para que quede "constancia para tranquilidad de la Sala y de las partes". Según remarca, "resultaría bastante sorprendente, por no decir absurdo, el eventual despliegue de tal -y tan inútil- esfuerzo gubernamental" para acabar concluyendo lo que él expone en su informe, que es recordar la "clara y consolidada" jurisprudencia sobre la materia.

A partir de aquí, el abogado amplió su denuncia e impugnó las órdenes que se han ido dictando desde el Gobierno sobre la autorización de salida de menores de edad. El Supremo ya se pronunció sobre la primera, la que regulaba la movilidad de los niños a partir del 26 de abril: los magistrados decidieron no suspenderla cautelarmente, si bien estudiarán el fondo de la misma, algo a lo que no se opone el fiscal. El letrado también recurrió la orden de restricción de movimientos en la fase 1 de la desescalada.

ABOGACÍA NO VE CONEXIÓN ENTRE LAS ÓRDENES

La Abogacía del Estado, sin embargo, no ve "conexión directa" entre estas dos órdenes aunque "formen parte del amplio y complejo conjunto de medidas adoptadas para paliar los efectos de la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19".

Por ello, en un escrito de alegaciones, con fecha del pasado 25 de mayo, se mostró en contra de la admisión de la ampliación del recurso al entender que la orden 399/2020, de 9 de mayo, "no regula el ejercicio de la libertad de circulación por parte de la población infantil, ni mayor ni menor de 14 años".

"Lo único que hace es permitir a las comunidades autónomas que flexibilicen el comienzo y el final de la franja horaria en que pueden salir los niños sin modificar su duración, aspecto éste al que ninguna referencia hacia el recurrente en su recurso inicial", precisa la Abogacía.

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FASES 2 Y 3

Ahora, Nicolau ha presentado una nueva ampliación del recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, para impugnar esta vez las últimas órdenes dictadas por Sanidad sobre la flexibilización de determinadas restricciones de movimientos en el ámbito nacional establecidas con el estado de alarma en aplicación de las fase 2 y 3 del plan de desescalada.

Según el letrado, el Supremo debe analizar todas estas resoluciones porque "se han publicado" en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con "palmaria infracción" de los mismos derechos fundamentales que invocó en su primer recurso contra la Orden 370/2020, de 25 de abril, por la que el Gobierno fijó las condiciones para los desplazamientos de los niños durante la vigencia del estado de alarma, tras mes y medio de confinamiento.

En este sentido, Nicolau considera que la orden del 16 de mayo, por la que se establece las normas para los territorios que entraran en fase 2; la del 26 de mayo, que modifica algunas de las instrucciones planteadas en la orden anterior; y la dictada el 30 de mayo, que fija las restricciones de movilidad para los territorios que se encuentren en fase 3 sí tienen una "conexión directa" con la primera de las normas impugnadas.

Según explica en su escrito, presentado este mismo martes, las órdenes del 16 y 30 de mayo desarrollan la "regulación del ejercicio de los derechos fundamentales de libre circulación por parte de la población infantil (únicamente los menores hasta 14 años)" y sus respectivos artículos 7 se refieren a la "libertad de circulación y de reunión". Además, señala que la norma sobre el desarrollo de la fase 3 hace mención expresa a las limitaciones sobre las "actividades de tiempo libre destinadas a la población infantil y juvenil".

En cuanto a la orden del 26 de mayo, el letrado justifica su vinculación con el primer recurso en que incluye una disposición adicional para indicar las "medidas de flexibilización para los desplazamientos de la población infantil y práctica de la actividad física no profesional".