La Fiscalía de Madrid va a estudiar la denuncia presentada por el Senado contra una compareciente que se negó a declarar ante la Comisión de Investigación de la Financiación de los Partidos Políticos a la que había sido convocada por el PP para determinar así si cometió o no algún delito.

El vicepresidente de la Cámara Alta, Pedro Sanz, ha explicado hoy que la Fiscalía General del Estado ha comunicado a la Mesa de la institución el traslado de la denuncia contra Lucía Pascual a la Fiscalía de Madrid, que se ocupará a partir de ahora del asunto.

Pascual es una extrabajadora de la empresa valenciana Crespo Gomar, una firma situada en el centro de la supuesta trama de financiación irregular del PSPV-PSOE entre 2007 y 2011 que investigan varios juzgados y que ha centrado la atención del PP en la Comisión de Investigación que funciona desde hace año y medio.

El grupo popular la citó el pasado 25 de octubre, pero ella se negó a contestar a las preguntas del portavoz del PP, Luis Aznar, por entender que no estaba obligada a hacerlo, en contra de la opinión del grupo popular.

Por ello, esta formación decidió promover una denuncia ante la Fiscalía para que se pueda esclarecer el alcance de las obligaciones de los comparecientes ante comisiones de investigación, ya que si bien la ley deja claro que están obligados a acudir cuando sean llamados, existen dudas al interpretar cómo deben declarar.

Si están incursos en un procedimiento judicial tienen reconocido el derecho a no contestar para no verse perjudicados, pero al no ser esta la situación de Lucía Pascual deberá ser ahora la Fiscalía quien determine si actuó correctamente o vulneró con su silencio la Ley Orgánica sobre comparecencias y el Reglamento del Senado.