La Fiscalía investigará la actividad de una agencia de gestación subrogada ucraniana que ofrece sus servicios en España a través de una filial tras la denuncia del Gobierno, que ve posibles indicios de delito en esta empresa, cuya matriz ya está siendo investigada en Ucrania.

Será la Fiscalía de la Audiencia Nacional quien se encargue de estas investigaciones, después de que ayer la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, trasladara a la Fiscalía General del Estado posibles indicios de delito en la actividad de determinadas agencias de gestación subrogada.

Delgado aseguró a Efe que no se está investigando ni a padres ni a menores, sino solamente a algunas agencias, "no a todas", aunque no precisó cuántas.

No obstante, esta martes el Ministerio Público ha detallado que la denuncia de la ministra se refiere a una agencia que ofrece servicios de gestación subrogada en Ucrania, la cual tiene una sede en España que oferta sus servicios a través de una web.

Fuentes de Justicia consultadas por Efe insisten en que la petición del ministerio se refiere a una investigación amplia de estas actividades.

A pesar de que la gestación subrogada es legal en Ucrania, la justicia de ese país está investigando a la empresa, que entra ahora en el foco de la Fiscalía española, por los presuntos delitos de tráfico de personas, falsedad documental, transferencia ilegal de personas a través de frontera estatal y evasión fiscal, tipificados en el Código Penal ucraniano.

Sin embargo, hasta el momento, y según el Ministerio Público, que no ha dado detalles sobre la agencia en cuestión, "los hechos ocurridos en España no están siendo investigados en Ucrania y, por tanto, los indicios existentes están aún en fase embrionaria".

Tras la decisión de Justicia, los padres de hijos por gestación subrogada han valorado, en declaraciones a Efe, que se investiguen posibles indicios de delitos, pero creen que lo mejor que podría hacer el Gobierno es regular esta práctica.

"Nos da la sensación de que lo que está buscando el Ministerio es un titular. Si de verdad quisiera perseguir malas prácticas, creo -ha dicho a Efe uno de los padres- que hay otras formas de hacerlo, empezando por regular la gestación subrogada en España, lo que evitaría que las familias se expongan a los riesgos a los que se exponen acudiendo a destinos donde no está correctamente regulada".

Antonio Vila-Coro, de la asociación Son Nuestros Hijos, y uno de los primeros españoles que logró registrar a su hija nacida en Estados Unidos de una madre gestante, sostiene que los padres han sido los primeros en denunciar "situaciones de malas prácticas".

No obstante, en esta asociación instan al Gobierno a dejar de utilizar "un lenguaje despectivo, que lo único que hace es criminalizar a estas familias y estigmatizar a sus hijos".

Este lenguaje, según los padres, "sitúa al PSOE a la misma altura que Vox", y por eso piden que se pare este "discurso del odio hacia las familias" y se regule la técnica en España, como lo han hecho Holanda, Grecia, Portugal, Estados Unidos o Canadá.

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Sin embargo, desde la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres, una de sus portavoces, Maribel Sánchez, ha celebrado, en declaraciones a Efe, la decisión del Ejecutivo, pero ha incidido en que se investigue a todas las agencias, ya que "facilitan la intermediación de la explotación de las mujeres".

"Entendemos que se deberían abolir todas las agencias y todos los despachos que intermedian en esta práctica ilegal", ha abundado Sánchez, que ha recordado que la Red ya pidió antes de las elecciones generales que se prohibiera también la publicidad que hacen estas empresas, sobre todo en internet y redes sociales.

En este sentido, ha insistido en que las agencias "fomentan y alientan la compraventa" de niños en todo el mundo y ha subrayado que para la Red los padres que recurren a los vientres de alquiler "son compradores de bebés".

"Los padres recurren a esa actividad delictiva para cumplir un deseo, no una necesidad, un deseo donde se mercantiliza a las mujeres", ha opinado.

El anuncio de esta investigación tiene lugar meses después de que la ministra Delgado subrayara que el Gobierno perseguiría a "las mafias" que trafican con los vientes de las mujeres "aquí y donde sea", en plena polémica por los problemas para registrar en la embajada española en Kiev a 39 bebés nacidos por gestación subrogada en ese país.

Las autoridades ucranianas investigan a una de las principales agencias del país, Biotex, por presuntos delitos de falsificación de documentos, fraude fiscal y tráfico de personas, pero ni el ministerio ni la Fiscalía han querido hacer público el nombre de la agencia denunciada en España.