La Fiscalía General de Estado considera que no esta legitimada para fijar servicios mínimos para la huelga convocada por jueces y fiscales el día 19, pero ha ordenado a los fiscales cubrir las actuaciones "urgentes o inaplazables" o que afecten a derechos fundamentales para evitar "daños irreparables".

La fiscal general, María José Segarra, ha remitido un escrito a las distintas fiscalías con esas instrucciones ante el paro convocado por las asociaciones profesionales, que reconocen que esas actuaciones mínimas son lógicas y apuntan a Efe que coinciden con los servicios mínimos que había fijado el comité de huelga.

Por su parte, fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han explicado a Efe que, en su caso, como en la huelga celebrada en mayo, no se fijarán servicios mínimos porque no está regulado el derecho a la huelga.

Sí que remitirán al Ministerio de Justicia el listado de los jueces que voluntariamente comuniquen que secundan el paro, algo que también hará la Fiscalía.

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, trasladó a las asociaciones su intención de detraer la jornada de huelga del salario de los jueces y fiscales que se sumen al paro, algo que no había ocurrido hasta ahora porque ninguno de los dos colectivos tiene regulado el derecho de huelga, y por ello solicito al CGPJ y a la Fiscalía que establecieran un procedimiento para recabar datos.

Les pidió también que fijaran los servicios mínimos, pero, como señala Segarra en su comunicación, no hay ninguna regulación que ampare "de manera adecuada" que la Fiscalía General sea una "autoridad legitimada" para establecerlos.

No obstante, añade en su escrito, hay precedentes de paros y está claro que la huelga "puede perturbar el normal funcionamiento de los servicios de la administración de justicia y afectar a los derechos de los ciudadanos".

Por ello se ha decidido hacer un seguimiento de la protesta para ver su impacto y asegurar que no se producen "daños irreparables"

Segarra insta a los fiscales jefes a arbitrar las medidas necesarias para garantizar que se cumplen las obligaciones fiscales en determinados supuestos, especialmente cuando el paro pueda causar "perjuicios irreparables para los derechos de la ciudadanía".

En su escrito determina las actuaciones mínimas que deberán cubrirse en cada orden jurisdiccional, para que no se paralicen, por ejemplo, procesos con personas privadas de libertad o con menores, discapacitados o víctimas de violencia de género o discapacitadas.