La Fiscalía de la Audiencia Nacional destaca la "relevancia estratégica" que supone España para el Dáesh "como elemento a recuperar o atacar", especialmente tras los atentados del 17A en Cataluña, que han aumentado la visibilidad del país en su propaganda oficial.

En la Memoria del Ministerio Público de 2018, presentada este lunes, la Fiscalía de este tribunal resume la única acción de terrorismo yihadista ocurrida en España ese año: el intento de apuñalamiento, el 20 de agosto, a una agente en la comisaría de los Mossos d'Esquadra en Cornellà de Llobregat (Barcelona), cuyo autor fue abatido a tiros.

Para la Fiscalía, la amenaza contra España del terrorismo yihadista "viene asociada al incremento de la visibilidad de nuestro país tras los atentados de Cataluña de agosto de 2017, tanto en la propaganda oficial de DAESH como en la emitida en canales afines a la organización".

"Esta campaña mediática otorga a España una relevancia estratégica como elemento a recuperar o atacar, en un marco geográfico y temporal de gestación de nuevos planes de Dáesh para actuar operativamente en Europa", añade.

Y alerta de que sigue vigente la amenaza de terroristas autónomos residentes en España, como fue el caso de Cornellà.

Las fuerzas policiales desarrollaron en 2018 más de una veintena de operaciones contra yihadistas con 39 detenciones, tanto en España como en países como Francia, Italia, Colombia, Argentina, y Marruecos, en la lucha contra una amenaza global que requiere también, dice la Fiscalía, un trabajo coordinado entre el CNI y los distintos cuerpos de seguridad nacionales y autonómicos.

Según la Memoria, en 2018 se abrieron 4.246 procedimientos en la Audiencia Nacional, un número muy superior a los 712 del año anterior. Tan abultada cifra se explica, detalla el escrito, en el caso del fraude de iDental, una causa que ha dado lugar a la apertura de multitud de diligencias.

Por ello, en la propia Memoria se calcula que, sin contar este caso, son en realidad 658 los procedimientos abiertos, frente a los 712 de 2017 y 911 de 2016.

El terrorismo representa un 37,50 % de las diligencias previas incoadas, porcentaje ligeramente inferior al del año 2017 que fue del 53,55 %.

Las diferentes secciones del tribunal dictaron 73 sentencias de terrorismo (43 de yihadismo, 22 de ETA, 1 de los Grapo y 7 de otros grupos, y 8 de ellas absolutorias) y 46 de otros delitos, con un total de 146 personas sentadas en el banquillo.

La Memoria dedica un apartado a ETA y afirma que, una vez desaparecida, son los colectivos, plataformas y grupos que conforman el entramado del independentismo radical vasco, especialmente los sectores vinculados a los colectivos de presos EPPK (oficial) y ATA (disidencia), los que constituyen el principal vector de amenaza en este ámbito.

Tienen, destaca, "una menor capacidad lesiva y con un ámbito de actuación circunscrito a" País Vasco y Navarra, y su actividad se basa en sabotajes contra infraestructuras ferroviarias y oficinas bancarias, convocatoria de manifestaciones y concentraciones y pintadas para visibilizar las reivindicaciones de los presos etarras.

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En cuanto a la violencia callejera, tuvo un "carácter leve" en 2018, "en su mayoría pintadas de apoyo a la organización terrorista y sus miembros, así como colocación de carteles con textos en el mismo sentido".

Los Grapo, dice, se mantuvieron "en un estado de extrema debilidad" solo con acciones de proselitismo y captación de nuevos militantes, principalmente dentro del entorno anarquista y de la izquierda radical u okupa.

Y Resistencia Galega también debido a "sus escasos recursos económicos, disensiones surgidas entre las organizaciones de su entorno, las últimas reformas legislativas y la carencia de atractivo que la actividad violenta actualmente representa para la juventud independentista".

En cuanto a los grupos anarquistas, destaca los de la Federación Anarquista Informal-Frente Revolucionario Internacional (FAI/FRI).

Estos grupos anarquistas pusieron un artefacto en Valencia que ocasionó daños en vehículos, pero sus objetivos de 2018 fueron principalmente cajeros, inmobiliarias, sedes de partidos, agencias de viaje, vías ferroviarias, estaciones de Metro y empresas cárnicas en Madrid, Barcelona y Gijón.

Por ello cree la Fiscalía "latente el riesgo que grupos o individuos afines a los principios de la FAI-FRI realicen acciones violentas, de mayor o menor intensidad, que estarían supeditadas a sus escasos recursos económicos, logísticos y operativos".