La Audiencia Nacional analiza el jueves si entrega al ciudadano ruso Sergei Vladimirovich Tarasov, reclamado en su país por apropiarse fraudulentamente del millonario patrimonio inmobiliario del empresario para el que trabajaba y que, al percatarse de la estafa, fue asesinado.

En la vista, que celebrará la sección tercera de la Sala de lo Penal, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se posicionará a favor de la entrega tras descartar que la solicitud de las autoridades rusas responda a motivaciones políticas, como alegaba la defensa para oponerse a la reclamación.

Para la Fiscalía, en este caso no son aplicables los motivos de persecución política por los que un tribunal británico y otro italiano rechazaron la extradición de otros dos presuntos implicados en estos mismos hechos.

Según el informe de la Fiscalía, que analiza la petición de extradición, el reclamado, en prisión tras su detención el pasado diciembre, era empleado de Mineyev, un empresario ruso que tenía la titularidad de sus bienes en forma de esquema piramidal.

Tarasov era director de cuatro sociedades que integraban esa estructura (Orangecap, Browncap, Milkycap y Cepcap), que eran propietarias de 18 sociedades rusas tenedoras de 21 inmuebles valorados en 9.000 millones de rublos (99 millones de euros).

Según la petición de extradición, el reclamado formaba parte de "un grupo criminal integrado por al menos otras cinco personas", que, entre octubre y noviembre de 2013, "falsificaron documentos mercantiles que simularon la ampliación de capital" de esas 18 sociedades.

De este modo lograron "fraudulentamente la toma de control por parte de otras mercantiles dominadas por el reclamado y el resto de la organización".

Esto se pudo hacer, explica la reclamación, gracias a la intervención de Tarasov, que por su puesto de empleado desde 2007 "tenía acceso a la documentación interna de las compañías de Mineyev y facilitó los sellos de las compañías Orangecap, Browncap, Milkycap y Cepcap, así como las copias debidamente certificadas de sus documentos estatutario y fundación".

Seguidamente, se cambió al director general de todas y cada una de las sociedades rusas y de esta forma Mineyev perdió el control de las mismas y de todo su patrimonio inmobiliario. Cuando se dio cuenta quiso emprender acciones legales, pero fue asesinado el 22 de enero de 2014, indica el escrito.

La Fiscalía no cree aplicables a este caso los motivos por los que un tribunal británico y otro italiano rechazaron sendas entregas de otros dos implicados en la trama.

A su juicio, "a diferencia de los anteriores, el aquí reclamado ostenta una posición claramente subordinada en el grupo criminal".

Eso hace, interpreta el fiscal, "que un presunto interés político en su persona quede difuminado, y también las sospechas relativas al órgano de enjuiciamiento, dado que las resoluciones rusas objeto de críticas por el tribunal inglés no son las aquí recogidas como fundamento de la imputación, puesto que la sentencia inglesa es de 2017 y la declaración de imputación aquí presentada es de 2019".

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A esto se suma, prosigue el Ministerio Público, que la base probatoria, "al menos indiciaria, es descrita con concreción en la resolución de imputación y no parece frágil ni inventada".

Considera además que "las sospechas acerca del futuro proceder del órgano judicial ruso" en el caso de uno de los implicados, Georgy Shuppe, yerno de un opositor ruso al que las autoridades británicas concedieron el asilo político, no se basaron en datos reales, "sino en argumentos especulativos sobre la situación rusa emitidos por distintos analistas".