CASO PROCÉS

Fiscalía concluye que Govern "burló" el control del Estado para pagar el 1-O

La Fiscalía concluye que la Generalitat "burló" el control del Estado para financiar el proceso independentista y el referéndum ilegal del 1-O, con partidas para la logística, organización de locales, publicidad, papeletas y acción exterior que eleva a más de tres millones de euros.,En su escrito de calificación, en el que pide hasta 25 años de cárcel para los líderes del "procés", la Fiscalía resalta que "todos los miembros" del ejecutivo catalán "sin excepción" se conc

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 3' Actualizado 14:15

La Fiscalía concluye que la Generalitat "burló" el control del Estado para financiar el proceso independentista y el referéndum ilegal del 1-O, con partidas para la logística, organización de locales, publicidad, papeletas y acción exterior que eleva a más de tres millones de euros.

En su escrito de calificación, en el que pide hasta 25 años de cárcel para los líderes del "procés", la Fiscalía resalta que "todos los miembros" del ejecutivo catalán "sin excepción" se concertaron para incurrir en una serie de gastos para los preparativos del referéndum y el proceso de declaración de independencia, "burlando" el control estatal de las cuentas de la Generalitat.

Según detalla la Fiscalía en su escrito, el montante económico que supuso el uso durante el 1-O de los más de 2.259 locales habilitados como puntos de votación se eleva hasta los 900.906 euros.

La Generalitat comprometió, según la Fiscalía, otros 654.563 euros en la publicidad institucional relacionada con el referéndum, así como 979.661 euros para el suministro de papeletas, el censo electoral y las citaciones a integrantes de las mesas electorales.

Para la cartelería del referéndum, la Generalitat destinó 38.431 euros desde el departamento de Presidència, cuando estaba dirigido por Jordi Turull, para quien pide 16 años de cárcel, "simulando que el pedido se efectuaba a través de Òmnium Cultural".

En su escrito, la Fiscalía cuantifica en 501.740 euros los gastos en que incurrió la Generalitat en el marco de su acción exterior "en favor del proceso rebelde".

En este sentido, la Fiscalía detalla que la Generalitat "desplegó presupuestos, políticas generales y actuaciones concretas para dotarse de una proyección internacional que sirviera de palanca para el proceso de independencia emprendido".

"En el diseño de la estrategia asumida, la consecución de apoyos en sectores de la opinión pública de otros países y la internacionalización del conflicto adquirían una enorme trascendencia de cara a forzar una mediación internacional con intervención de la Unión Europea", remarca el ministerio público.

En el área de acción exterior, la Fiscalía apunta que las delegaciones del gobierno catalán en el exterior "funcionaban como auténticas embajadas" y que el Diplocat, bajo la apariencia de un consorcio público privado, estaba controlado al 90 % por la Generalitat y actuaba "como una suerte de cuerpo diplomático paralelo al estatal".

"Como herramienta privilegiada de 'lobby' (el Diplocat) era el encargado de difundir el mensaje y objetivos independentistas en diversos países", resalta.

Además, la consellería de Exteriores, dirigida entonces por Raül Romeva -para quien pide 16 años de cárcel-, contrató a una serie de "supuestos expertos", mientras el Diplocat cargó con los gastos de una comitiva de "observadores internacionales" para el referéndum.

Según la Fiscalía, para acometer estos gastos la Generalitat "burló" los controles establecidos en garantía de la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de Cataluña, que estaba intervenida económicamente por el Gobierno.

De hecho, la Fiscalía recuerda que el 21 de julio de 2017 el Gobierno "intensificó" los controles a las cuentas de la Generalitat, elevándose a semanal la periodicidad de las certificaciones que exigía a los interventores de las distintas consellerías y responsables económico-financieros.

No obstante, la Generalitat decidió que a partir de entonces los certificados semanales estarían firmados por cada consejero o la Interventora General, para mantener a los funcionarios al margen de las responsabilidades penales que pudieran generarse, hasta que en septiembre dejaron de remitir información al ministerio de Hacienda.

Ante esta "grave quiebra" de la ley, el Gobierno incrementó los controles establecidos "y a la sazón ya incumplidos" y estableció el 15 de septiembre un mecanismo de gestión de pago de determinados créditos presupuestarios de manera directa a los acreedores de la Generalitat, sólo con factura comunicada por la Interventora General.

Sin embargo, la Generalitat autorizó a los diferentes departamentos que realizaran las acciones y contrataciones necesarias para la realización del referéndum, mediante un acuerdo de gobierno del 7 de septiembre de 2017, según la Fiscalía.

De conformidad con este acuerdo, se efectuaron por distintos departamentos, con el concierto previo de todos los miembros del Govern sin excepción, una serie de gastos para organizar el referéndum y el proceso de declaración de independencia, burlando al mismo tiempo los controles establecidos", concluye la Fiscalía.

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