La Fiscalía de Colombia ha informado este miércoles de que ha contabilizado 44 contratos de contratación de servicios para hacer frente a la pandemia de la COVID-19 con posibles irregularidades, mientras que la Contraloría ha anunciado que se han abierto ya 24 indagaciones preliminares ante la sospecha de sobrecostes en algunas de estas prestaciones.

Los tres entes controladores del país, Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, han comparecido este miércoles para hacer balance de la situación que se está produciendo en Colombia en relación al desvío de dinero público aprovechando la crisis sanitaria de la COVID-19, que ha dejado ya 1.864 muertes y 57.046 contagios en el país.

"Para nosotros es fundamental este acuerdo que hemos hecho las tres entidades. Nadie está por encima de la ley y nadie goza de privilegios frente a la corrupción", ha recalcado el fiscal general, Francisco Barbosa.

En la comparecencia, Barbosa ha anunciado que pedirá al Tribunal Supremo la imputación y la prisión preventiva del gobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, por un posible delito de elaboración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, lavado de dinero y tentativa de malversación de fondos públicos, mediante un acuerdo valorado en más de 2.000 millones de pesos colombianos (475.000 euros).

Barbosa ha añadido que la Fiscalía ha recopilado pruebas suficientes para imputar y pedir prisión provisional contra otras 17 personas, entre funcionarios, agentes y contratistas, entre ellos varios miembros del Ejército por irregularidades en un contrato de 200 millones de pesos (cerca de 50.000 euros) para la compra de equipos de bioseguridad, como mascarillas, que se pagaron a 45.000 pesos (10 euros).

En total, la Fiscalía ha iniciado medidas contra catorce alcaldes y "varios gobernadores", pero Barbosa ha insistido en que "hay una gran mayoría de funcionarios en Colombia que lo están haciendo bien".

Barbosa ha estado secundado por el contralor, Carlos Felipe Córdoba, y el procurador, Fernando Carrillo, quien ha calificado de "infamia" y de "jugarreta" algunas de las prácticas que el Ministerio Público ha logrado descubrir, como el pago de los préstamos de financiación de campañas electorales de alcaldes y gobernadores con fondos destinados a la COVID-19.

"El pozo séptico del ejercicio de la política es el financiamiento de las campañas, hemos descubierto que financiadores de campaña reciben diez veces más de lo que aportan, tratando de recuperar sus inversiones con la plata de la contratación de la COVID-19", ha denunciado Carrillo.

La Procuraduría ha destapado cerca de 120 contratos por un valor de 12.500 millones de pesos (unos tres millones euros) que fueron entregados entre el 16 de marzo y el 25 de mayo a financiadores de campañas electorales de 2019 y está investigando otros 147 acuerdos valorados en 47.000 millones de pesos (once millones de euros).

En cuanto al papel de la Contraloría, Córdoba ha explicado que además de las 24 indagaciones preliminares y las causas iniciadas contra el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, o el gobernador de Tolima, José Ricardo Orózco Valero, se han denunciado posibles sobrecostes en hasta 340 contratos por un valor total de 484.000 millones de pesos (115 millones de euros).

Córdoba ha revelado que las denuncias ante posibles irregularidades han provocado que las administraciones revisaran los contratos y renegociaran los mismos obteniendo un ahorro de 47.000 millones de pesos (once millones de euros).