La Fiscalía General de Colombia ha señalado este miércoles que la extradición del antiguo paramilitar Salvatore Mancuso desde Estados Unidos, en donde cumple una condena por narcotráfico, está en manos de un juez de la ciudad de Cartagena, después de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunciara a las autoridades colombianas que no había impedimentos legales para llevar a cabo ese proceso.

"Será el Juez Primero Especializado de Cartagena el competente de solicitar la extradición de Mancuso Gómez, por intermedio del Ministerio de Justicia y del Derecho", ha explicado la Fiscalía a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.

La respuesta de la Fiscalía se ha producido después de que la JEP, la justicia transicional ideada en los acuerdos de paz de Colombia para juzgar a los distintos actores del conflicto armado, enviara una misiva a través de su presidenta, Patricia Linares, al fiscal general, Francisco Barbosa, en la que le informaba que el recurso de apelación presentado por Mancuso para someterse a la JEP no impedía al Estado pedir la extradición.

Hace dos meses, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP le negó al antiguo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) acogerse a su jurisdicción especial pues le considera un "miembro orgánico de la estructura criminal, desarrollando una función continua de combate" y no un colaborador o financiador de actividades paramilitares entre 1989 y 1997, tal y como él se presentó.

La preocupación reside en que Mancuso, de origen italiano, puede ser también extraditado a este país del sur de Europa, por lo que dejaría de responder ante dos procesos que tiene abiertos en la Justicia colombiana, por su responsabilidad en más de 600 homicidios, el desplazamiento forzoso de casi un millar de personas, y más de una treintena de desapariciones forzadas.

La Fiscalía ha añadido que tras una serie de comprobaciones, se "ha identificado un proceso en el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Cartagena al que está vinculado Mancuso Gómez como presunto responsable de los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir, entre otras conductas que habría cometido con posterioridad a su desmovilización" como paramilitar.

En el documento se explica que el proceso judicial contra el paramilitar quedó suspendido y remitido en su totalidad a la JEP, después de que varias personas implicadas también en la causa solicitaran el 2 de octubre de 2018 enviar el expediente a este organismo.

Es por ello, concluye, que recaen en el Juez Primero Especializado de Cartagena todas las competencias para la petición de extradición de Mancuso.

Mancuso, alias 'Santander Lozada', fue condenado en 2008 a 15 años y 10 meses de prisión en Estados Unidos por un delito de narcotráfico, tras ser deportado durante el Gobierno de Álvaro Uribe, después de haber estado sujeto desde 2005 a las políticas de desmovilización del Estado colombiano.

Anteriormente había cumplido una pena de 19 meses en una cárcel de Itagüí, un municipio situado en el norte Colombia, por lo que, y amparándose en el sistema penitenciario estadounidense, puede optar a la libertad anticipada debido a su buena conducta en prisión.

El 'Mono Mancuso' ha reconocido haber estado implicado en, al menos, 300 asesinatos, entre los cuales estaban las víctimas de la masacre de El Aro, que le acarreó una condena de 40 años de cárcel que jamás cumplió por sumarse la ley de Justicia y Paz.