La Fiscalía de Barcelona tiene abiertas unas 250 diligencias civiles a residencias de ancianos, con el fin de reforzar el control sobre estos centros y garantizar que actúan de acuerdo con los protocolos de la Generalitat.

Según han confirmado a Efe fuentes del ministerio público, las diligencias se enmarcan en la ofensiva que la Fiscalía emprendió el año pasado sobre los geriátricos, después de que la pandemia de coronavirus destapara la precariedad con que funcionaban muchas de las residencias de ancianos.

En marzo del año pasado, cuando se decretó el primer estado de alarma, la Fiscalía abrió 16 diligencias civiles a residencias, la mitad de las cuales se fueron archivando por motivos diversos: no se apreciaron irregularidades en los centros, se remitieron los casos a la vía penal ante los indicios de delito o se concluyó que la investigación era competencia de otra área territorial del ministerio público.

No obstante, a finales del pasado mes de marzo, el ministerio público decidió abrir otras 240 diligencias civiles, en el marco de su función de tutela de los colectivos vulnerables, con el fin de comprobar si esos centros cumplen con los protocolos fijados por la administración catalana.

A raíz de las diligencias, se están remitiendo oficios a los centros investigados para solicitar documentación relativa al personal que trabaja en las residencias, el material con que cuentan y el número de personas que viven en ellas, según ha avanzado "El Periódico de Catalunya".

Además, en sus oficios la Fiscalía requiere a la dirección de los centros cuál es su plan de organización, los equipos de protección de que disponen frente al coronavirus y qué protocolos han establecido para las visitas de familiares.

La Fiscalía General del Estado ordenó en marzo del año pasado abrir diligencias de investigación a raíz de informaciones periodísticas, corroboradas por el Ministerio de Defensa, según las cuales en algunos geriátricos miembros el Ejército y de la Unidad Militar de Emergencias (UME) habrían detectado condiciones de insalubridad.

En base a esa instrucción, la Fiscalía de Barcelona abrió una treintena de diligencias de investigación por la vía penal, que en la mayoría de casos se han ido archivando, al descartase indicios de delito, lo que no impide que esos mismos centros puedan ser objeto de control a través de la vía civil.