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CORONAVIRUS ALARMA

La Fiscalía avala restricciones de movilidad en 5 zonas de salud de Madrid

La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ratifique las medidas sanitarias de restricción de la movilidad en cinco zonas básicas de salud acordadas por la Consejería de Sanidad de la Comunidad madrileña para hacer frente a la pandemia del coronavirus COVID-19. ,Se trata de las zonas básicas de salud de Daroca y Vicente Muzas en los distritos de Ciudad Lineal y Hortaleza de la capital madrileña, respectivamente, además de Las Ciudades (G

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 15:25

La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ratifique las medidas sanitarias de restricción de la movilidad en cinco zonas básicas de salud acordadas por la Consejería de Sanidad de la Comunidad madrileña para hacer frente a la pandemia del coronavirus COVID-19.

Se trata de las zonas básicas de salud de Daroca y Vicente Muzas en los distritos de Ciudad Lineal y Hortaleza de la capital madrileña, respectivamente, además de Las Ciudades (Getafe), Las Rozas y Reyes Católicos (San Sebastián de los Reyes), informa la Fiscalía.

El letrado de la Comunidad de Madrid pidió la ratificación de medidas de carácter temporal que afectan al derecho fundamental de libre circulación que van desde el próximo día 9, fecha en la que decae el estado de alarma, hasta el día 17 "sin perjuicio de su prórroga si la situación epidemiológica lo aconseja".

La solicitud va acompañada de un informe de la Consejería de Sanidad de 20 de abril de situación y justificación de la necesidad de mantener medidas de control de la transmisión en dichas zonas una vez finalizado el estado de alarma.

En el escrito que ha presentado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM la Fiscalía reitera los argumentos expuestos en ocasiones anteriores sobre la limitación que el derecho a la libertad de circulación experimenta ante el derecho a la vida y a la salud.

Asimismo mantiene la necesidad de evitar la continua utilización del estado de alarma, "que debe ser la última ratio para cuando las comunidades autónomas no ejerzan indebidamente sus propias competencias y la gravedad de la crisis lo exija".

La Fiscalía valora la proporcionalidad de esta medida excepcional dado que la incidencia acumulada (IA) en las cinco zonas indicadas es superior a la media de la Comunidad, que es de 404 casos por cada cien mil habitantes.

Detalla que a fecha del pasado 30 de abril la zona básica de salud de Daroca, cuyo hospital de referencia es el de La Princesa, tenía una incidencia acumulada de 514,6 casos por cien mil habitantes y un aumento de ingreso hospitalario de entre el 12 y el 20 por ciento con una ocupación en unidad de cuidados intensivos (UCI) del 53 por ciento.

En Vicente Muzas se registró una IA de 518,8, con un 40 por ciento de ocupación en UCI en el hospital Ramón y Cajal; en Las Ciudades, una IA de 511,3 y un 38 por ciento de ocupación en la UCI del hospital de Getafe; en Las Rozas, una IA de 511,3 y un 30 por ciento de ocupación en la UCI del hospital Puerta de Hierro, y en Reyes Católicos una IA de 500,6 y un 93 por ciento de ocupación en la UCI del hospital Infanta Sofía.

La Fiscalía recuerda que usando la misma metodología que durante la segunda, la tercera y la cuarta olas del coronavirus se han ido adoptando medidas más restrictivas con carácter temporal en función del riesgo de transmisión.

En el caso de Madrid se fijó un criterio técnico de una IA superior a los 500 casos por cada cien mil habitantes para la adopción de medidas de limitación de la movilidad.

La Fiscalía expresa una vez más la conveniencia de crear previsiones normativas expresas "con sujeción a las garantías constitucionales" de cara a dotar de mayor "seguridad jurídica" a la adopción de este tipo de medidas.

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Añade que el juicio sobre su necesidad y cauce normativo y constitucional corresponde al legislador "y quien debe hacer en su caso los planteamientos oportunos desde la unificación de criterios es la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo".EFE

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