Dos asociaciones de fiscales han reprochado a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que les enviara a trabajar de forma temeraria en plena pandemia sin los correspondientes medios de prevención de riesgos laborales y exponiéndoles a un contagio letal de coronavirus covid-19.

Así lo ha denunciado la representación de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) en la vista celebrada este miércoles en la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de una demanda de esta organización al Ministerio de Justicia, la Fiscalía y las doce comunidades autónomas, a la que se ha adherido la Asociación de Fiscales.

En la vista han estado personados la Abogacía del Estado en representación del Ministerio de Justicia, letrados de las doce comunidades autónomas y representantes de las citadas asociaciones así como de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que se ha opuesto la demanda.

Las asociaciones demandantes han reclamado al tribunal que obligue al Ministerio de Justicia a que elabore un plan de prevención de riesgos laborales específico para los fiscales.

En concreto la APIF ha pedido que se decrete que los fiscales carecen de protección real y efectiva en materia de riesgos laborales por el plan aprobado por Justicia en 2014 y acusa a las instituciones demandadas de la supuesta inseguridad de los miembros de la carrera fiscal.

Durante la vista, celebrada inmediatamente después de un acto de conciliación en el que las partes no han alcanzado un acuerdo, la Abogacía del Estado ha sostenido que el plan de prevención de riesgos laborales Justicia en vigor sí es suficiente para garantizar la seguridad de los fiscales, han informado a Efe representantes de APIF.

El presidente de esta asociación, Salvador Viada, ha denunciado que no es un plan sino una norma que no recoge ninguna especificidad para la carrera fiscal.

Por su parte, algunas comunidades autónomas han reprochado la falta de legitimación de las asociaciones demandantes para dirigirse contra ellas.