JUICIO ERE (Seguirá Ampliación)

Fiscal sostiene que sistema de ayudas de los ERE exigía aprobación de Chaves

El fiscal Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga ha afirmado hoy que la "trascendencia" del cambio que implantó en 2000 el "procedimiento específico" de concesión y pago de las ayudas de los ERE exigía la aprobación del presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves.,Chaves ha sido el último de los 21 ex altos cargos del Gobierno andaluz procesados en el juicio de los ERE al que se ha referido el fiscal en su informe final, en el que ha detallado la intervención de cada

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2' Actualizado 18:56

El fiscal Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga ha afirmado hoy que la "trascendencia" del cambio que implantó en 2000 el "procedimiento específico" de concesión y pago de las ayudas de los ERE exigía la aprobación del presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves.

Chaves ha sido el último de los 21 ex altos cargos del Gobierno andaluz procesados en el juicio de los ERE al que se ha referido el fiscal en su informe final, en el que ha detallado la intervención de cada uno de los acusados en los hechos juzgados que considera probada.

El Ministerio Público sólo acusa a Chaves por un delito de prevaricación -a diferencia de su sucesor José Antonio Griñán, acusado también de malversación-, y pide para él 10 años de inhabilitación por su participación en el diseño del llamado "procedimiento específico" con el que del 2000 al 2009 se dieron 680 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis con créditos "inadecuados" y sin fiscalización previa.

Ese "procedimiento específico" se introdujo por primera vez en una modificación presupuestaria de abril del 2000 para aumentar los fondos destinados a estas ayudas, que hasta entonces se concedían como subvenciones excepcionales que daba y pagaba la Consejería de Empleo y pasaron a abonarse a través del ente público IFA (luego IDEA) con fondos que Empleo le enviaba mediante transferencias de financiación.

Para el fiscal, Chaves sabía que la modificación en la forma de presupuestar los fondos destinados al pago de las ayudas "no era un simple cambio menor" y que "la consecuencia lógica era que se suprimía la fiscalización previa de las ayudas que se dieran con cargo a esos fondos".

Por ello, la "trascendencia de esos cambios hacen difícilmente asumible que el consejero de Empleo tomara esta decisión por sí solo" y que "convenciera a la consejera de Hacienda" (entonces la también acusada Magdalena Álvarez) para que la asumiera, "sino que exigió la decisión aprobatoria del superior jerárquico de ambos, el presidente de la Junta de Andalucía, el señor Manuel Chaves".

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