El abogado del inquilino sostiene que la entrada ilegítima en la vivienda supone "un hecho irrefutable"

La Fiscalía de Madrid ha reiterado al juez que instruye uno de los casos judicializados de 'la patada en la puerta' su solicitud de archivo de la causa seguida contra cinco de los seis agentes que accedieron el pasado 21 de marzo a una vivienda en la calle Lagasca de la capital usando un ariete para disolver una fiesta ilegal en pleno auge de casos de contagios de coronavirus, han informado fuentes fiscales.

En un escrito remitido al juez instructor, el titular del Juzgado de Instrucción número 28 de Madrid, el fiscal reitera su petición de sobreseimiento libre de las actuaciones para cinco de los seis policías acusados de un delito de allanamiento de morada al considerar que siguieron órdenes del subinspector al mando del operativo policial.

Por ahora, la investigación penal se centra en el responsable al mando del dispositivo policial realizado aquella madrugada. El subinspector está inmerso en otro caso similar en una intervención policial realizada junto un día antes en una vivienda de la calle Velázquez de Madrid.

La causa tiene su origen en una querella interpuesta por el inquilino, a través del despacho penalista Ospina Abogados, por los delitos de allanamiento de morada y daños.

La Audiencia Provincial de Madrid ordenó al juez investigar los hechos ante los posibles excesos policiales. Tras ello, procesó a los seis agentes pero tras las pesquisas acordó recientemente levantar la imputación a los agentes de base.

El pronunciamiento de la Fiscalía se produce en respuesta al recurso presentado por el abogado del inquilino contra el auto donde el instructor de las diligencias acordaba el sobreseimiento para cinco de los agentes en el operativo.

Dicho recurso sostenía que el juez se había excedido de sus competencias y que no concurrían los presupuestos para la aplicación de la eximente completa de obrar en cumplimiento de un deber.

ÓRDENES DE SU SUPERIOR

En cuanto a la falta de competencia la Fiscalía asegura que, de las diligencias practicadas, se desprende "sin lugar a dudas" que los agentes actuaron siempre cumpliendo órdenes de su superior jerárquico y que "en ningún momento" se plantearon que dichas órdenes pudieran ser contrarias al ordenamiento jurídico.

Esta afirmación se basa no solo de las declaraciones prestadas en calidad de imputados, "sino de la visualización de las grabaciones aportadas al procedimiento tanto por los efectivos policiales como por el propio querellante".

Por último, y respecto a la no concurrencia de los presupuestos para la aplicación de la eximente completa, el representante del Ministerio Público subraya que resulta "totalmente lógico" que cuando se actúa en cumplimientos de unos deberes, derechos o funciones, quienes los ejercitan no pueden verse implicados en una situación antijurídica y, por lo tanto, punible.

• Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Es más, deja claro también que su postura coincide "plenamente" con la argumentación recogida por el juez instructor en auto recurrido "al encontrarnos ante la orden directa dada por un superior al que los agentes se encontraban subordinados, orden que no presentaba caracteres de ser contraria al ordenamiento jurídico".

ENTRADA ILEGÍTIMA

Frente a ello, el letrado de la acusación particular, el abogado Juan Gonzalo Ospina, ha manifestado a Europa Press que respeta la decisión del fiscal pero ha manifestado que no la comparte. "La fase de instrucción tiene que depurar posibles responsabilidades penales y los hechos son irrefutables porque hay una entrada ilegítima en una vivienda", ha aseverado.

"Lo que vamos a discutir es el tipo subjetivo del delito, es decir la intervención de entrar de los agentes. El dolo se tendría que discutir en fase oral y no en instrucción", ha insistido.

El letrado considera la postura de la Fiscalía "controvertida" desde un punto de vista jurídico ya que puede avalar que un agente use un ariete en el caso de que un ciudadano no quiera identificarse ante unos agentes en su propio domicilio. "El asunto no es baladí, es serio", ha apostillado.

Ospina solicitó al juez que tomase declaración al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para "acreditar que Interior nunca emitió ninguna orden o autorización previa para irrumpir en domicilios en el escenario de fiestas covid". La diligencia fue denegada.