La Fiscalía de Álava considera que el exjefe del Parlamento Vasco podría haber cometido delitos de falsedad documental, malversación de caudales públicos y estafa en el uso que hizo de las tarjetas asignadas a los coches oficiales de la Cámara, y ha remitido el caso a un juez para que continúe la investigación.

El pasado 6 de junio la Fiscalía alavesa recibió un escrito del Letrado Mayor del Parlamento Vasco sobre unos hechos supuestamente delictivos atribuidos al entonces coordinador de seguridad del Parlamento Vasco, ya cesado, que la Mesa de ese órgano había acordado derivar al Ministerio Público.

Al parecer, el coordinador de la seguridad de la Cámara vasca se había aprovechado de su cargo para realizar diversos gastos indebidos con cargo a las tarjetas asignadas por esa institución para pagar gastos relacionados con los vehículos utilizados para el traslado de cargos del Parlamento.

Los hechos referidos en la denuncia podrían ser constitutivos de sendos delitos de falsedad documental, malversación de caudales públicos y estafa, según se recoge en el decreto firmado por el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre.

El máximo representante del Ministerio Público en Álava recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal faculta a la Fiscalía a investigar los hechos aparentemente delictivos de los que tenga noticia y que puede decretar el archivo de las actuaciones cuando, una vez practicadas las diligencias, establezca que el hecho no es delito.

Si observa un posible delito, la Fiscalía podrá instar al juez de instrucción a que abra un procedimiento.

En este caso, Izaguirre considera que del estudio de la documentación trasladada por el Parlamento "se pone de manifiesto, siquiera indiciariamente, la posible comisión por parte" del ya exjefe de seguridad del Parlamento de "delitos de falsedad documental, malversación de caudales públicos y estafa".

Además y por la naturaleza de los hechos denunciados y de las diligencias que habrá que practicar, el fiscal jefe de Álava considera "más adecuado" derivar las actuaciones a sede judicial.

El caso llegó a la Mesa de la Cámara Vasca a iniciativa de la vicepresidenta primera de este órgano, Eva Blanco (EH Bildu), que detectó supuestas irregularidades en varias facturas.

Los miembros de la Mesa tienen asignados tres coches oficiales para sus traslados, servicios que tienen sus correspondientes tarjetas de crédito para utilizarlas exclusivamente en gasolineras (tanto para combustible como para otros productos que se venden en estos lugares). Estas tarjetas están invalidadas para su uso en otro tipo de comercios o servicios.

A las tres tienen acceso tanto los conductores de los vehículos como el cesado coordinador de Seguridad.

Uno de esos vehículos, el asignado a la presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejeria, se utiliza habitualmente, mientras que los otros dos coches están a disposición del resto de los miembros de la Mesa, cuatro parlamentarios, aunque este servicio solo es utilizado por uno de ellos.

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Eva Blanco descubrió hace un año que las facturas de esas tarjetas "no cuadraban" porque los gastos atribuidos al coche que utiliza casi a diario la presidenta eran casi similares a los de los otros dos vehículos, que solo usa un parlamentario.

Entonces la Mesa decidió no investigar, pero en mayo retomó este asunto ante nuevos indicios que apuntaban a posibles irregularidades en el uso de esas tarjetas.

Blanco descubrió que en abril uno de los coches estuvo parado prácticamente todo el mes, pero el gasto de la tarjeta asignada a este vehículo fue similar al de los otros dos coches.

Así, la vicepresidenta primera volvió a llevar el tema a la Mesa, que acordó iniciar una investigación. Se pidió información a la entidad bancaria sobre los movimientos de las tarjetas desde el inicio de la legislatura, a finales de 2016.

Con toda la información recabada la Mesa destituyó al coordinador de Seguridad, un ertzaina en comisión de servicio que llevaba en el cargo cerca de diez años, y remitió el informe a la Fiscalía.