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ESPIONAJE POLÍTICO

Fiscal pide investigar quién espió a Òmnium, pero no al fabricante de Pegasus

La Fiscalía de Barcelona ha pedido al juez que indague quién está detrás del espionaje en los móviles de miembros de Òmnium Cultural, por un posible delito de revelación de secretos, pero se opone a investigar a la empresa israelí NSO, fabricante del software malicioso Pegasus.

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 2'Actualizado 14:24

La Fiscalía de Barcelona ha pedido al juez que indague quién está detrás del espionaje en los móviles de miembros de Òmnium Cultural, por un posible delito de revelación de secretos, pero se opone a investigar a la empresa israelí NSO, fabricante del software malicioso Pegasus.

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, el fiscal de Delitos Informáticos de Barcelona, Roberto Valverde, ha presentado un escrito ante el titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona en el que apoya la admisión a trámite de la querella de Òmnium Cultural por el espionaje a miembros de la entidad, aunque solo parcialmente.

La entidad soberanista presentó una querella en los juzgados de Barcelona por el presunto espionaje con el programa Pegasus a los móviles del exvicepresidente de la entidad Marcel Mauri, de la responsable del área de internacional Elena Jiménez, y de Txell Bonet, periodista y pareja del expresidente Jordi Cuixart, destapado a raíz de un informe del laboratorio Citizen Lab.

En concreto, el fiscal pide a la juez que admita la querella de Òmnium únicamente para investigar la posible conculcación del derecho a la intimidad y secreto de las comunicaciones de los miembros de la entidad, lo que en su opinión exige confirmar si existió el espionaje, cuál fue su alcance y quiénes son sus responsables.

Para el Ministerio Público, de ser ciertos los hechos relatados en la querella se podría haber incurrido en un delito de revelación de secretos, tanto por el uso de un software para interceptar comunicaciones orales y escritas y extraer contenidos reservados como únicamente por la instalación del software malicioso.

Por el contrario, el fiscal se opone a que se admita a trámite la querella en lo referente a la responsabilidad de la empresa israelí NSO, que desarrolla el programa de espionaje Pegasus y lo comercializa, en principio solo a Estados y cuerpos policiales.

El fiscal sostiene que no puede investigarse a NSO por falta de jurisdicción, puesto que correspondería hacerlo a las autoridades de Israel donde tiene su sede la empresa fabricante de Pegasus.

Además, argumenta que de los hechos relatados en la querella no se desprende ningún elemento o principio de prueba que avale "razonablemente" la hipótesis de que NSO colaboró en la verificación de infecciones, accesos y extracciones de información de los móviles supuestamente espiados.

Para el Ministerio Público, carece de justificación abrir un proceso penal contra NSO para comprobar unos hechos que, de acreditarse, tampoco serían un delito imputable a la empresa israelí.

El fiscal ha presentado también un escrito en relación a la admisión a trámite de la querella que presentaron los diputados de la CUP Carles Riera y Albert Botran, así como el exdiputado de esta misma formación David Fernàndez, por el presunto espionaje de sus móviles con Pegasus.

La querella recayó en el Juzgado de Instrucción número 22 de Barcelona, que la envió al titular del Juzgado de Instrucción número 32 para que la acumulara a las diligencias que abrió en julio de 2020 a raíz de una denuncia por el supuesto espionaje con Pegasus a los móviles del expresidente del Parlament y ahora conseller Roger Torrent y del concejal de ERC en Barcelona Ernest Maragall.

El fiscal se ha pronunciado en contra de la acumulación de ambas querellas, al entender que no puede afirmarse que el responsable de ambos casos de espionaje sea la misma persona.

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