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CASO MERCURIO

Fiscal pide 4 años de cárcel a excargos PSC en Sabadell por vertidos ilegales

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel al teniente de alcalde de Urbanismo y al concejal de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) en la etapa de Manuel Bustos, del PSC, acusados de facilitar, con expedientes en contra, que una constructora vertiera sin licencia tierras en una finca.,Así lo solicita la Fiscalía Anticorrupción en un escrito de calificación, al que ha tenido acceso Efe, sobre la pieza seis del "caso Mercurio", una trama con epicentro en S

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 3'Actualizado 13:03

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel al teniente de alcalde de Urbanismo y al concejal de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Sabadell (Barcelona) en la etapa de Manuel Bustos, del PSC, acusados de facilitar, con expedientes en contra, que una constructora vertiera sin licencia tierras en una finca.

Así lo solicita la Fiscalía Anticorrupción en un escrito de calificación, al que ha tenido acceso Efe, sobre la pieza seis del "caso Mercurio", una trama con epicentro en Sabadell por la que Bustos está a la espera de que la Audiencia de Barcelona decida si ingresa en prisión para cumplir una condena de tres años por una de sus múltiples derivadas, en este caso por ordenar a la policía local que retirara multas de sus familiares.

Según la Fiscalía, el entonces exconcejal del PP Jordi Soriano -en el epicentro de la supuesta trama del caso Mercurio y para quien la Fiscalía pide 3 años por esta pieza separada- contactó en 2011 con unos constructores -investigados en otra de las piezas del caso- para proponerles que utilizaran como vertedero de tierras la finca denominada "Can Xupa", situada en la zona de "Ca N'Alzina", simulando un proyecto de mejora agrícola.

Sin embargo, los vertidos, de unos 53.000 metros cúbicos, se hicieron sin licencia urbanística de obras mayores, lo que fue descubierto por la Unidad de Vigilancia Rural (UVR), que levantó la correspondiente acta para paralizar la actividad.

Cuando el acta llegó al Ayuntamiento, Soriano contactó con el entones teniente de alcalde de Urbanismo Joan Manau, que se puso de acuerdo con el entonces concejal de Sostenibilidad Ricard Estrada, ambos del PSC, para que no tramitara la denuncia, que quedó paralizada sin que su original ni copia hayan podido ser localizados en dependencias municipales, según la Fiscalía.

En los meses siguientes, según la Fiscalía, Soriano y sus socios continuaron sin traba alguna con el vertido de tierras, sin la preceptiva licencia urbanística, con el "conocimiento y beneplácito" de Manau y Estrada.

Según la Fiscalía, los dos cargos municipales acusados no solo consintieron esta actividad ilícita haciendo "dejación de sus funciones" cuando tenían obligación de paralizara, sino que "incluso pusieron sobre-aviso a Jordi Soriano ante la existencia de nuevas quejas por el vertido ilegal".

De hecho, en agosto de 2011 la UVR volvió a levantar acta para paralizar los vertidos ilegales, ante lo que Soriano contactó en esa ocasión con el entonces alcalde Manuel Bustos, quien "sin aparentemente implicarse en el asunto", según la Fiscalía, le derivó a Xavier I., un cargo de confianza del PSC, para quien la Fiscalía pide un año y cinco meses de cárcel, ya que contactó con Manau para que volviera a paralizar el expediente.

A inicios de septiembre de 2011 se hicieron nuevas inspecciones a los terrenos, que constataron que seguían los vertidos, ante lo que el teniente de alcalde de Urbanismo firmó el día 15 de ese mes un decreto que suspendía los vertidos y ordenaba restituir la realidad física alterada de las obras, lo que puso fin al vertido masivo.

Sin embargo, los expedientes tramitados por la sección de disciplina urbanística, a principios de 2012, quedaron inicialmente en nada ya que Estrada, como responsable Sostenibilidad, no adoptó resolución alguna ni determinó las sanciones a imponer por los vertidos ilegales.

Finalmente, en 2016, cuando Estrada ya no estaba en el cargo, el consistorio impuso una multa por valor de más de medio millón de euros por estos vertidos ilegales.

Al exconcejal de Sostenibilidad Ricard Estrada y al exteniente de alcalde de Urbanismo Joan Manau la Fiscalía les pide cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación a cada uno por los delitos continuados contra la ordenación del territorio y prevaricación administrativa.

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Para el exconcejal del PP Jordi Soriano, la Fiscalía solicita tres años de cárcel y 120.000 euros de multa por un delito de tráfico de influencias.

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