El fiscal del Supremo Jaime Moreno ha defendido la condena de inhabilitación al expresidente catalán Artur Mas por la consulta del 9N porque, al igual que los otros sentenciados por estos hechos, sabía "perfectamente" que "aquello que habían convocado era una actuación inconstitucional".

Moreno, uno de los cuatro fiscales de la causa del "procés" catalán, se ha pronunciado en estos términos en la vista en la que el Supremo estudia hoy el recurso Mas, de la exvicepresidenta Joana Ortega y de la exconsellera Irene Rigau contra la sentencia del TSJC que les condenó a penas de inhabilitación (dos años en el caso de Mas, año y nueve meses en el de Ortega y año y medio en el de Rigau) por la consulta, declarada ilegal por el Tribunal Constitucional.

A juicio del representante de la Fiscalía, que ha pedido que se confirmen estas penas, los sentenciados siguieron adelante con la consulta "por la situación de exigencia al Gobierno (catalán) de imponerse en esa especie de desafío a la legalidad vigente".

El propio Mas, ha destacado Moreno, era consciente de su responsabilidad y "en un alarde ante la prensa", dijo: "Si la Fiscalía quiere conocer quién es el responsable, que me miren a mi, soy yo y mi gobierno".

"No solo no se paralizó, sino que se decidió mantenerla e impulsarla y se mantuvo ese desafío a la legalidad", ha afirmado, para añadir que tras recibir la notificación del TC el 4 de noviembre los encausados hicieron una serie de actos "activos y necesarios" para realizar la votación.

Los acusados "llevaron a cabo una serie de actuaciones a partir del día 4 sin las cuales la consulta no se podría haber producido", como mantener la página web y el correo oficial de la votación, repartir el material los días 7 y 8 o acondicionar el centro de prensa esos mismos días.

"Si no hubieran desconvocado, si no hubieran hecho absolutamente nada, la consulta no hubiera podido celebrarse", ha opinado el fiscal, para quien su actuación "no se trató de una desobediencia mínima, sino una desobediencia absoluta".

El abogado de la acusación popular Jaime Campá, que representa a un ciudadano que denunció el 9N el mismo día de su celebración, ha pedido ante la Sala de lo Penal que se confirme la condena de Mas.

En el caso de Ortega y Rigau, ha solicitado una pena de inhabilitación menor, de un año y un mes, la misma a la que fue condenado por el Supremo el exconseller de Presidencia Francesc Homs, dado su misma condición de exconsellera.