El fiscal mantiene que el exalcalde de Alicante por el PSOE Gabriel Echávarri despidió a una trabajadora municipal -cuñada del actual alcalde de la ciudad, Luis Barcala (PP)- "por venganza" y "como represalia" tras la denuncia del grupo popular por el denominado caso Comercio o supuesto fraccionamiento de contratos en la concejalía de este área.

En el juicio por este despido, que ha quedado este jueves visto para sentencia, el representante del Ministerio Público, José Llor, ha incidido en que Echávarri actuó "por motivos espúreos" con una "clara desviación de poder" al ordenar el cese de la trabajadora municipal "por venganza" y "como represalia" contra el actual alcalde popular, después de presentarse la denuncia por el caso Comercio, por el que fue condenado más tarde el político socialista.

El fiscal solicita diez años de inhabilitación para Echávarri como responsable de un presunto delito de prevaricación administrativa, tras incidir en que ordenó el cese de dicha trabajadora interina, Catalina Rodríguez, con "urgencia", solo dos días después de que el grupo municipal del PP registrase la denuncia del caso Comercio.

Según Llor, esa rapidez no fue casual pues el objetivo de Echávarri era que se supiese que el despido se acordaba como consecuencia de esa denuncia.

En esta línea ha expuesto que el alcalde socialista tomó la decisión sin disponer de ningún "expediente" pese a que en el mensaje publicado en su muro de Facebook tres días después del despido tratase de explicar su decisión señalando que "había acelerado la decisión sobre el expediente que llevaba meses sobre su mesa".

La defensa de Echávarri, ejercida por el letrado José Díez, ha solicitado, por su parte, su libre absolución al negar que existiese el delito de prevaricación administrativa que se le atribuye.

Ha recalcado que "el cese de Catalina Rodríguez fue legal, como así lo han acreditado los técnicos municipales, quienes han sostenido que era un caso de cese 'de libro'".

Además, ha insistido en que Echávarri se limitó a dar una orden verbal de que se despidiese a una trabajadora sin tener más intervención en el proceso.

La defensa ha argumentado también que el exalcalde dio el nombre de Catalina Rodríguez porque "era sobre la que tenía la seguridad de que existía causa de cese" por la información que le habían facilitado los representantes sindicales.

Antes de los informes de conclusiones de las partes, ha prestado declaración Catalina Rodríguez, quien ha manifestado ante el tribunal que llevaba trabajando en el servicio de Cultura desde noviembre de 2010, tras superar un examen en un proceso en el que fueron contratadas al menos otras ocho personas.

Ha confirmado que accedió a su puesto de trabajo ante las necesidades de personal que se habían suscitado por la apertura de nuevos centros culturales: el Museo de Arte Contemporáneo (Maca) y Las Cigarreras, donde estuvo trabajando hasta 2015.