La fiscal ha mantenido hoy la petición de nueve años de prisión para el exalcalde de Valladolid Javier León de la Riva, al que acusa de firmar tres cartas de conformidad para avalar un crédito destinado a soterrar el tren sin los perceptivos trámites, mientras la defensa ha pedido la absolución.

El Ayuntamiento, personado como acusación particular, también ha mantenido su petición de pena de sus conclusiones provisionales, tres años de cárcel, durante la segunda sesión de la vista oral, en la que ha declarado como testigo el actual alcalde de la ciudad, Óscar Puente.

También el ministerio público ha mantenido su solicitud de tres penas de ocho años de inhabilitación especial para el cargo de concejal por tres delitos de prevaricación que atribuye a cada uno de los dos exediles también acusados, Manuel Sánchez y Alfredo Blanco.

Los hechos por lo que se desarrolla el juicio en la Audiencia de Valladolid se centran en la firma de tres comfort letter -cartas de conformidad- en 2008, 2010 y 2011, supuestamente sin pasar por los órganos municipales correspondientes para su autorización, lo que el ministerio público califica como tres delitos de prevaricación en concurso con un delito de falsedad documental en el caso del exregidor.

Las cartas de conformidad -avales- se referían a cien millones de euros de los cuatrocientos solicitados como crédito para soterrar el ferrocarril por parte de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, compuesta por el Ministerio de Fomento en el cincuenta por ciento, la Junta de Castilla y León y el consistorio vallisoletano, con el veinticinco por ciento en cada caso.

Durante su comparecencia hoy como testigo, Óscar Puente ha reconocido que la firma de las tres cartas de conformidad no ha supuesto un perjuicio "económico" directo para el consistorio, a la vez que ha subrayado que no está evaluado el trabajo que han desarrollado durante dos años la asesoría jurídica, concejales, alcalde y diversos organismos para evitar ese posible daño a las arcas municipales.

Ha recordado que formuló denuncia a finales de septiembre de 2015, cuando se tuvo conocimiento de la existencia de una de las tres cartas de conformidad, y se emprendió la acción penal dando cumplimiento al informe de la asesoría jurídica para proteger el erario público.

El regidor ha precisado que se declaró en pleno municipal la nulidad de cartas de conformidad y ha citado los seis procedimientos contenciosos administrativos de entidades de crédito contra la nulidad de las comfort letter, cuyo desestimiento se sustanció en febrero.

Los cuatrocientos millones de deuda se liquidaron por parte del Ministerio de Fomento y se suscribió un nuevo convenio para regir el destino de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, de forma que se destinará todo el suelo que se venda de aquí en adelante, perteneciente a Adif, no al consistorio, a sufragar esos cuatrocientos millones.

La vista oral continuará mañana con la exposición de los informes finales de acusaciones pública, particular y defensas.