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La fiscal del TPI avisa de que no habrá "paz" en Libia sin rendición de cuentas y respetar órdenes de arresto

Europa Press

Tiempo de lectura: 5'Actualizado 06:29

La fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Fatou Bensouda, ha advertido ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de que "no puede haber una paz duradera" en Libia "sin rendición de cuentas y justicia", por lo que ha reclamado que se permita el trabajo del tribunal "sin obstáculos" y se respeten las "órdenes de arresto".

"Hay muchas esperanzas en que el Gobierno de Unidad Nacional trabaje de manera eficiente e inclusiva para abordar la violencia y la agitación política que ha asolado al país y asegurar la paz y la estabilidad en Libia", ha subrayado Bensouda, al tiempo que ha incidido en la "importancia" de "asegurar" que la Fiscalía del TPI tenga los recursos adecuados para seguir avanzando en sus investigaciones en el país.

Así, Bensouda ha criticado que "la falta de ejecución de las órdenes del TPI sigue siendo un obstáculo importante" que impide que su oficina "busque justicia efectiva para las víctimas de crímenes atroces cometidos en Libia", ha añadido.

En este marco, ha condenado que dos sospechosos del Tribunal sujetos a órdenes de arresto por crímenes cometidos en Libia han muerto y "nunca se enfrentarán a la justicia" en el ente.

"La justicia para las víctimas y las comunidades afectadas en Libia no puede lograrse de manera efectiva sin nuestros esfuerzos colectivos para el arresto y entrega oportunos de aquellos contra quienes el Tribunal ha dictado órdenes de arresto. No ha habido ningún progreso tangible para asegurar la ejecución de ninguna de estas órdenes. Esta es una obligación que recae principalmente en los Estados", ha subrayado.

Asimismo, ha indicado que a lo largo de los años que lleva informando al Consejo, ha lamentado el "hecho" de que las personas contra las que se han emitido órdenes de detención "sigan prófugas", entre las que ha apuntado a Mahmoud al Werfalli, quien, como comandante de la Brigada Al Saiqa, habría ejecutado a 43 civiles según se especifica en dos órdenes de arresto --informes "creíbles" indican que fue asesinado en Bengasi el 24 de marzo de 2021--.

También ha mencionado a Al Tuhamy Mohamed Khaled, presuntamente responsable de la comisión de delitos graves, incluida la tortura, quien, como ha señalado, también habría muerto en El Cairo, en Egipto.

"Lamento que a las víctimas, y a sus familias, de los crímenes presuntamente cometidos por Al Werfalli y Al Tuhamy se les haya negado la justicia y el cierre a través de los procedimientos judiciales justos, independientes e imparciales del Tribunal", ha afeado, para reiterar que "todo esto podría haberse evitado si los sospechosos hubieran sido debidamente arrestados y transferidos a la custodia del Tribunal".

Por ello, ha censurado la "falta de voluntad de los que están en el poder en el este de Libia" para trasladar a Al Werfalli, o para investigarlo y procesarlo, lo que "ha contribuido a crear un clima de impunidad". "La misma falta de cooperación es evidente con respecto a la entrega del señor Al Tuhamy por parte de las autoridades egipcias", ha lamentado también.

"Hago un llamamiento a las autoridades libias y egipcias para que investiguen sin demora estas muertes denunciadas y proporcionen la información pertinente al Tribunal. Si bien las muertes de estos sospechosos, si se confirman, no detendrán la investigación en curso de la situación en Libia, constituyen un trágico ejemplo de presuntos autores que escapan a la rendición de cuentas por los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional", ha remachado.

Así, ha recordado que la orden de arresto contra Saif al Islam Gadafi sigue sin ejecutarse. "Reitero que el señor Gadafi sigue siendo un fugitivo voluntario de la justicia. Hago hincapié en que Libia sigue teniendo la obligación legal de detenerlo y entregarlo al Tribunal", ha aseverado.

También, ha llamado a señor Gadafi para que se entregue "inmediatamente" a las autoridades libias competentes.

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Por otra parte, ha ahondado en que la Fiscalía observa la "disminución en el número de delitos denunciados bajo la jurisdicción del Tribunal desde el alto el fuego y la toma de posesión del nuevo Gobierno", si bien persiste la "preocupación de que muchos delitos graves, en particular los contra civiles, hayan quedado impunes".

"Debe permitirse que la importante labor del Tribunal se realice sin obstáculos", ha destacado al respecto.

CRÍMENES EN CURSO

Así, ha alertado de que se sigue "recibiendo información preocupante sobre crímenes en curso, que van desde desapariciones y detenciones arbitrarias hasta asesinatos, torturas y violencia sexual y de género".

"Hemos recopilado información y pruebas fidedignas sobre delitos graves presuntamente cometidos en centros de detención oficiales y no oficiales en Libia", ha explicado, para detallar que se trata de hechos en la prisión de Mitiga, controlada por la Fuerza Especial de Disuasión, y los centros de detención de Gernada y Al Kuweifiya, controlados por la milicia conocida como las Fuerzas Armadas Árabes Libias, anteriormente llamada Ejército Nacional de Libia, y sus efectivos.

Estos delitos, que incluyen "tortura a gran escala, violencia sexual, tratos inhumanos y detenciones arbitrarias", se han denunciado durante años, pero "lamentablemente hasta la fecha no se ha responsabilizado a los perpetradores", ha criticado.

Igualmente, ha apuntado a otros informes que "detallan la condena sumaria y la condena de civiles a largas penas de prisión, incluida la imposición de la pena de muerte por tribunales militares en el este de Libia tras juicios secretos sin garantías judiciales".

"La escala de estos presuntos delitos es enorme", ha remarcado, para precisar que la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) ha informado de más de 8.850 personas detenidas arbitrariamente en 28 prisiones oficiales de Libia bajo custodia de la Policía Judicial, mientras se estima que entre el 60 y el 70 por ciento se encuentran en prisión preventiva.

En este sentido, ha instado al Gobierno de Unidad Nacional de Libia a que adopte "medidas urgentes" para poner fin a los delitos cometidos en los centros de detención y a que investigue a fondo las denuncias de detención arbitraria, tortura, confiscación de bienes, violación y otras formas de violencia sexual, incluso en estos centros.

La Fiscalía del TPI también ha investigado "ataques contra civiles que se atreven a expresar su oposición a las acciones de las milicias en el este y oeste de Libia". "El silenciamiento violento de los críticos públicos como método para aterrorizar a la población civil alcanzó otro punto bajo con el despreciable asesinato de la abogada de Derechos Humanos Hanan Barasi en Bengasi en noviembre de 2020", ha lamentado.

Bensouda ha exhortado así a las autoridades civiles y militares de Libia a que investiguen y procesen "debidamente" a los responsables de estos crímenes, así como que indaguen en la desaparición de Seham Sergiwa, miembro electa de la Cámara de Representantes, que se encuentra desaparecida desde su secuestro en Bengasi el 17 de julio de 2019.

"Además, la Oficina ha recibido información relativa a las actividades de mercenarios y combatientes extranjeros en Libia", ha relatado.

Al respecto, ha alentado al Consejo a transmitir un "mensaje claro" a todas las parte y grupos armados involucrados en el conflicto en Libia a "respetar el derecho humanitario".

Por otro lado, ha abordado los naufragios y la "victimización continua de los migrantes en Libia". "Hago un llamamiento a los socios para que intensifiquen sus esfuerzos a este respecto con el objetivo de fortalecer nuestros esfuerzos colectivos para abordar la impunidad por los delitos graves contra los migrantes en Libia", ha insistido.

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