El fiscal Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga ha ironizado hoy con que las defensas de varios excargos de la Junta tilden de "asistenciales" las ayudas de los ERE, cuando el exconsejero de Empleo Antonio Fernández figuró como beneficiario de una renta de prejubilación, que no llegó a cobrar.

El fiscal ha aludido así a la inclusión de Fernández entre los trabajadores prejubilados en el ERE subvencionado por la Junta de la bodega jerezana González Byass, en la que trabajó hasta que pasó a estar en excedencia cuando comenzó su carrera política años antes de este ERE, que recibió ayudas públicas de la Consejería de Empleo cuando él la dirigía.

Fernández acreditó durante la instrucción que apareció en el listado de trabajadores susceptibles de prejubilarse por su edad y antigüedad en la empresa pero nunca suscribió el boletín de adscripción a la póliza para percibir una renta de prejubilación y por tanto nunca la cobró.

Pero el fiscal ha aludido a que no se trata en este juicio de determinar si la cobró o no sino de que el sistema de concesión y pago de las ayudas investigadas en el caso ERE "permitió que un consejero pudiera figurar como beneficiario" de las mismas, lo que "difícilmente" permite, como alegan las defensas, considerar estas ayudas como asistenciales para paliar la situación de trabajadores afectados por procesos de reestructuración y empresas en crisis.

En su informe final, la Fiscalía ha ido desgranando la participación de cada uno de los 21 ex altos cargos de la Junta acusados en los hechos y en el caso de Fernández ha dejado claro que frente a su pretensión de situarse al margen de la concesión de las ayudas que realizaba su director general de Trabajo, "participó" en la decisión de dar varias, como una a Santana para pagar indemnizaciones a los directivos.

Como consejero de Empleo y antes como viceconsejero -y presidente del ente público IFA a través del cual se pagaban las ayudas con fondos que la consejería le enviaba mediante transferencias de financiación-, recibía cuenta de las ayudas que daba el director de Trabajo así como de la propuesta de presupuestos de éste para este programa, además de firmar las transferencias de financiación a IFA con las que se pagaban.

También conoció los informes de la Intervención que alertaban del uso "inadecuado" de transferencias de financiación para ese fin, incluido el adicional de 2005 (sobre el ejercicio 2003) para el que el interventor pidió una muestra de 20 expedientes de ayudas en los que detectó 18 "graves deficiencias", entre ellas la falta de fiscalización previa y de delegación de competencas al director de Trabajo, que estaba dando las ayudas "prescinciendo de forma total y absoluta del procedimiento legalmente establecido".

Pese a ello "nada cambió" en el proceder de la Consejería de Empleo, tampoco cuando en 2008 relevó al director de Trabajo Javier Guerrero por Juan Márquez y éste encargó revisar esta línea de ayudas ante las reclamaciones de beneficiarios que no estaban cobrando y de empresas que aludían a compromisos adquiridos por Guerrero.