Raúl Bellerín y Noelia López

"Este es un juicio penal, nada más y nada menos, como el de una estafa, como el de una alcoholemia". "En estos momentos me considero un preso político (...) Entiendo que estoy en un juicio político". La primera cita es de Xavier Melero, abogado del acusado Joaquim Forn en el juicio del "procés"; la segunda, de Oriol Junqueras.

Su evidente discrepancia da muestra de la complejidad del proceso vivido en el Supremo: un juicio penal, por delitos contemplados en legislación vigente, pero con un evidente trasfondo político, con actores políticos en el banco de los acusados, en el de la acusación y en el de las defensas y con una innegable repercusión en el convulso panorama nacional, con cuatro elecciones durante la vista oral.

Si a ello se suma que el considerado principal responsable del "procés", Carles Puigdemont, ha hecho permanente campaña desde Waterloo y que el juicio ha permitido diseccionar los entresijos de todo lo ocurrido antes y después del 1-O de 2017 se compone el cuadro de un proceso atravesado de forma irremediable por la política.

Durante la vista cinco acusados han sido elegidos parlamentarios nacionales y posteriormente suspendidos; uno de ellos (Junqueras) también ha conseguido ser elegido eurodiputado (al igual que Puigdemont); un sexto ha salido concejal, y los dos abogados de Vox han logrado escaño en el Congreso.

Junqueras y Raül Romeva, dos de los principales acusados, decidieron no responder a las acusaciones y solo hablar ante su defensa: un movimiento interpretado en clave política, más que en beneficio de una posible absolución.

Y cada declaración que se escuchaba en el salón de plenos del Supremo ha impactado en la vida política de Cataluña y del resto del país, mientras los movimientos políticos y electorales de los acusados obligaban al tribunal a pronunciarse una y otra vez.

Habrá que esperar para comprobar las repercusiones políticas de una sentencia que se conocerá previsiblemente después del verano. Pero son muchos los que opinan que será clave para determinar lo que ocurra en los próximos años en Cataluña y en el resto de España.

Las vicisitudes políticas, además, no han acabado: esta semana el Supremo ha autorizado la salida de prisión de Forn para convertirse en concejal del Ayuntamiento de Barcelona y debe decidir si permite a Junqueras acceder al acta de eurodiputado, algo a lo que se opone la Fiscalía porque podría obligar a paralizar el proceso judicial.

Son solo dos de las inusuales decisiones que ha debido tomar el tribunal a lo largo del juicio oral, incluido un llamativo intercambio con el Congreso al hilo de la suspensión de los diputados presos.

El tribunal permitió a los electos acreditarse y acudir el 21 de mayo a los plenos constitutivos de las Cortes, al tiempo que rechazó suspender el juicio y pedir permiso a las cámaras para continuar con la vista, como solicitaron los acusados.

Se desentendió, no obstante, de la petición que le trasladó el Congreso para ver si suspendía a los diputados en prisión preventiva y también dejó claro que decidir si los acusados candidatos podían participar en actos electorales o entrevistas desde Soto del Real era competencia de la Junta Electoral Central.

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El caso es que el 21 de mayo, día de la constitución de las Cortes, los presos coincidieron en el hemiciclo del Congreso con los dos abogados de la acusación popular que ejerce Vox, Javier Ortega Smith y Pedro Fernández.

Enfrente de ambos, a lo largo de estos últimos meses y también con toga se ha sentado en el Supremo un político veterano: Francesc Homs.

Hasta el juicio del "procés" era el único dirigente independentista que había pasado por el banquillo del alto tribunal, que le condenó a un año y un mes de inhabilitación en 2017 por desobediencia grave por la consulta del 9N. Con la pena cumplida, ha coordinado la defensa de los exconsellers del PDeCAT: Forn, Josep Rull, Jordi Turull y Meritxell Borràs.

Ese cóctel ha hecho inevitable que en la suntuosa sala en la que se ha desarrollado el juicio desde el 12 de febrero se haya escuchado más de un alegato político, mientras en la calle se sucedían, con mayor o menor eco, las movilizaciones en apoyo a los líderes independentistas.

Ha correspondido al presidente del tribunal, Manuel Marchena, marcar los tiempos y frenar los intentos de convertir la sala en un escaparate.

Dejó claro desde el principio que no iba a permitir que nadie cuestionara las garantías del proceso, consciente de que cualquier condena acabará en Estrasburgo. Y se apoyó precisamente en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para explicar, por ejemplo, que no iba a poner obstáculos a que los acusados lucieran lazos amarillos en el juicio.

Un proceso en el que, aún con versiones muchas veces contradictorias, acusados y testigos han radiografiado un "procés" que pudo acabar en elecciones autonómicas y terminó en una declaración unilateral de independencia.

Declararon como testigos muchos de los protagonistas de aquellos días, con el expresidente Mariano Rajoy a la cabeza, pero fue un político todavía en activo, el lehendakari, Iñigo Urkullu, quien expuso los detalles íntimos de unos meses de diálogo imposible en los que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont acabó sucumbiendo a la presión de la calle y de su partido.