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JUICIO PROCÉS

El final del juicio del "procés" (III): Lo que queda en los tribunales

Las derivadas judiciales del "procés" no se agotan en el Supremo: los tribunales lidian en paralelo con múltiples causas vinculadas al despliegue de la hoja de ruta del independentismo, desde la organización del 1-O al papel de la Mesa del Parlament, los Mossos o los alcaldes ante el referéndum.,Estos son algunos de los frentes judiciales abiertos al abrigo del proceso independentista, que esperan desenlace en los próximos meses:,EL PAPEL DE TRAPERO Y

Agencia EFE

Tiempo de lectura: 4'Actualizado 19:58

Rossi García Avila

Las derivadas judiciales del "procés" no se agotan en el Supremo: los tribunales lidian en paralelo con múltiples causas vinculadas al despliegue de la hoja de ruta del independentismo, desde la organización del 1-O al papel de la Mesa del Parlament, los Mossos o los alcaldes ante el referéndum.

Estos son algunos de los frentes judiciales abiertos al abrigo del proceso independentista, que esperan desenlace en los próximos meses:

EL PAPEL DE TRAPERO Y LA CÚPULA DE MOSSOS

Por momentos, y sin estar sentado en el banquillo de los acusados, pareció el decimotercer procesado en el Tribunal Supremo cuando el juicio se adentraba en el papel de los Mossos d'Esquadra ante la orden judicial que obligaba a impedir el 1-O.

Al mayor Josep Lluís Trapero, sin embargo, le espera su propio juicio a escasos metros del Supremo. La Audiencia Nacional lo juzgará por rebelión, junto al exdirector de los Mossos Pere Soler, el exsecretario general de Interior Cèsar Puig y a la intendenta Teresa Laplana, por presunta inacción ante el 1-O y ante las concentraciones por los registros judiciales del 20S.

En paralelo, la actuación de los Mossos la jornada del referéndum ha llevado a un juez de Cornellà (Barcelona) a imputar a los siete comisarios que integraban la cúpula de la policía catalana el 1-O, entre ellos quien fuera mano derecha de Trapero y que comandó el cuerpo en la etapa del 155, Ferran López.

Los jefes de los Mossos en varias regiones -incluida Cristina Manresa, ascendida a número dos del cuerpo en la última remodelación del organigrama de la policía catalana- también tienen investigaciones judiciales abiertas por la gestión policial del referéndum.

LA MESA DEL PARLAMENT

Cinco exmiembros de la Mesa del Parlament de Junts pel Sí (JxSí) y de Catalunya Sí Que es Pot (CSQP) y una exdiputada de la CUP aguardan juicio en los próximos meses, acusados de un delito de desobediencia por permitir la tramitación de las leyes que apuntalaron el proceso independentista.

Con la instrucción del "caso procés" ya ultimada y a punto de sentar en el banquillo a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el Supremo desgajó la causa por desobediencia contra los miembros de la Mesa y la remitió al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al estimar que éste era el competente para juzgarlos.

No obstante, al menos una parte -si no toda- de la causa regresará con toda probabilidad a Madrid, después de que el exdiputado de CSQP y exsecretario segundo de la Mesa Joan Josep Nuet haya sido elegido diputado en el Congreso -y por lo tanto aforado ante el Supremo- en las últimas elecciones generales, a las que concurrió con ERC tras impulsar la corriente crítica "Soberanistas".

LA LOGÍSTICA DEL REFERÉNDUM

Con la excepción de las enigmáticas urnas, el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha seguido el rastro de las papeletas, las actas de votación, las tarjetas censales, los observadores internacionales y la publicidad del 1-O. También ordenó la operación de detenciones y registros que dio pie a las masivas protestas del 20S, que a la postre resultaron claves para que la Fiscalía imputara rebelión a la cúpula independentista.

A resultas de esa investigación, hay 27 excargos y técnicos del Govern y algún empresario procesados, por participar en la logística del referéndum, a los que se ha impuesto una fianza de 5,8 millones por el dinero público presuntamente malversado el 1-O.

El principal imputado de la causa, Josep Maria Jové, exnúmero dos de Junqueras en el Departamento de Economía, está siendo investigado por el TSJC, tras ser elegido diputado del Parlament en las elecciones del 21D.

En su casa intervino la Guardia Civil la agenda Moleskine y el "power point" titulado "Enfocats", documentos que las acusaciones consideran el guion de la hoja de ruta independentista y que han dado sustento a la tesis de que hubo delito de rebelión en el "procés".

LOS ALCALDES DEL 1-O

De los 700 alcaldes que el exfiscal general José Manuel Maza ordenó investigar en vísperas del 1-O, apenas media docena de ellos han acabado imputados, a raíz denuncias presentadas por el ministerio público o por particulares.

El TSJC tiene en sus manos dos de esas investigaciones: contra el conseller de Interior y exalcalde de Premià de Mar (Barcelona), Miquel Buch, por ceder locales municipales para el 1-O -una causa que el magistrado instructor debe decidir si sigue adelante, como pide la Fiscalía- y otra contra el alcalde de Agramunt (Lleida) y diputado de ERC, Bernat Soler, por participar en la organización del referéndum en su población.

LA EFÍMERA SINDICATURA ELECTORAL

No llevaban ni un mes en el cargo cuando, en vísperas del 1-O, cesaron los cinco miembros de la Sindicatura Electoral, después de que el Tribunal Constitucional les impusiera una multa coercitiva de 12.000 euros diarios, en uno de los primeros movimientos de las autoridades para estrangular el referéndum.

La dimisión de los síndicos -órgano crucial para supervisar el referéndum del 1-O- no impidió a la Fiscalía seguir adelante con la querella que había presentado contra ellos, a quienes pide penas de dos años y nueve meses de prisión por los delitos de desobediencia y usurpación de funciones, en un caso que está a la espera de juicio.

TORRA O EL COLOFÓN AMARILLO DEL PROCÉS

La simbología amarilla que el independentismo ha hecho suya en sus movilizaciones por el encarcelamiento de los líderes procesados ha llevado ya ante los tribunales al presidente de la Generalitat, Quim Torra, el tercer jefe del ejecutivo catalán -y consecutivo- con cuentas pendientes con la justicia por el "procés", después de Artur Mas y Carles Puigdemont.

Su obstinación en mantener los lazos amarillos de los edificios públicos durante la campaña del 28A, que la Junta Electoral Central le había ordenado retirar -y que acabó sacando, ya fuera de plazo, tras recurrir sin éxito al Supremo-, le valió una querella de la Fiscalía por desobediencia que investiga ahora el TSJC.

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