El presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, afirmó este miércoles que "se vuelve muy urgente la reforma de la Ley" para no privar a las administraciones locales "de una fuente sustancial de ingresos", tras conocerse la próxima anulación del impuesto sobre plusvalía por parte del Tribunal Constitucional.

El paso dado por el Constitucional significa "además de la inseguridad jurídica que afecta a los ciudadanos y que nos preocupa mucho", ha explicado Caballero, "que las finanzas municipales sufren un muy fuerte deterioro, calculamos que unos 2.500 millones de euros anuales".

El presidente de la FEMP ha recordado que, al menos desde que asumió el cargo en 2015, la entidad municipalista lleva instando al Gobierno de España a que modifique una Ley que "sabíamos que tenía problemas y que tenía que ser reformada".

Ahora la urgencia crece, según Caballero, "fundamentalmente en este momento pospandemia en que las entidades locales estamos asumiendo gastos que no nos corresponden".

Según el presidente de la FEMP, que ha pedido "premura" al Parlamento y al Gobierno, "todo tiene que ir con mucha urgencia porque la inseguridad jurídica está ahí, porque la sentencia está ahí, y porque el deterioro de las finanzas locales está también encima de la mesa".

Caballero ha ofrecido "la mayor cooperación de la FEMP" al Ministerio de Hacienda, al Gobierno y al Parlamento, y ha señalado que, una vez se conozca la sentencia al detalle, convocará la Junta de Gobierno de la FEMP y hará pública la posición de la entidad.

En todo caso, y preguntado sobre si habrá alguna medida como un fondo de compensación a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, Caballero ha señalado que, "dependiendo del tipo de solución y de la cuantía que signifique en detracción de ingresos en las corporaciones locales, tomaremos nuestra propia resolución a efectos de quién se tiene que hacer cargo de esas pérdidas de recaudación en esos ayuntamientos".

Caballero ha subrayado que "el Gobierno es consciente de la urgencia de la solución" y que está en la misma línea de la FEMP y los ayuntamientos de toda España de buscar una fórmula que "resuelva con la mayor urgencia" una situación financieramente muy lesiva para las corporaciones locales.