La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) rechaza el anteproyecto de secretos oficiales al considerar que limita los derechos de libertad de expresión y de información bajo la justificación de la salvaguardia de la seguridad y de la defensa nacional.

La FAPE, junto a la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), han planteado varias alegaciones al anteproyecto de ley de información clasificada al considerar que la norma que se pretende aprobar supone una limitación al derecho constitucional a comunicar o recibir libremente información veraz.

A juicio de la federación, presidida por Miguel Angel Noceda, el anteproyecto también limita el derecho constitucional de acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos con los límites que establece en cuanto a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

La FAPE critica que se "impida o recorte" el acceso a la información y su publicación con graves sanciones para quien la contravenga, en lugar -dice- de recordar la obligación de la administración de informar a los ciudadanos sobre políticas del Estado, funcionamiento del sector público, negociaciones políticas o comerciales de España, intereses económicos o investigación de delitos.

La FAPE cree que el acceso por parte de un periodista en el ejercicio de su profesión a información clasificada como confidencial o restringida no le obliga a guardar reserva de su contenido y no debería ser sancionable su publicación en cualquier medio de información.

Reclama también que se suprima como infracción grave o leve la difusión por parte de los medios de informes o informaciones clasificadas como confidenciales o restringidas a las que hayan tenido acceso los periodistas en el ejercicio de su profesión.

Y pide que en esos supuestos los periodistas o medios no estén obligados a entregar dichos informes o información a ningún funcionario público.

Además, la federación está sorprendida porque el anteproyecto se tramite con urgencia y que solo exista un plazo del 3 al 12 de agosto para participar, en pleno mes de agosto, tradicionalmente vacacional.

En este sentido, recuerda que "toda norma que afecte a derechos constitucionales, máxime si supone la limitación de tales derechos, debe contar con la participación ciudadana y de sus organizaciones a través del procedimiento legalmente regulado".

"Omitir dicho trámite por la vía de la tramitación urgente del anteproyecto de ley -apostilla- supone de entrada una censura a la opinión de la ciudadanía".