El exsenador del PNV Víctor Bravo será juzgado en San Sebastián desde el próximo martes por tres delitos contra la Hacienda pública presuntamente cometidos en el denominado caso Glass Costa Este Salou, durante los años 2003, 2004 y 2006.

En la vista, que tendrá lugar hasta el 19 de septiembre en el Juzgado de lo Penal número 1, Bravo, que también fue director de la Hacienda foral de Gipuzkoa, se enfrentará a una petición de penas por parte de la Fiscalía de Gipuzkoa que asciende hasta los seis años de cárcel.

Junto a él, también se sentará en el banquillo de los acusados el administrador de la sociedad Glass Costa Este Salou, quien se enfrenta a la misma petición de pena por parte del Ministerio Público que reclama a ambos casi 1,4 millones de euros más los correspondientes intereses legales.

Por su parte, el abogado del Estado, que ejerce la acusación particular en representación de la Agencia Tributaria, eleva a nueve años de cárcel su solicitud de condena para los procesados, e incluye a un tercero como cooperador necesario, al tiempo que reclama a todos ellos una compensación solidaria de 1,8 millones más los intereses generados.

Según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, Bravo y el administrador de Glass Costa Este Salou habrían "planificado" la forma en la que esta firma tarraconense "pudiera disfrutar ilícitamente del Régimen Especial de Sociedades de Promoción de Empresas de Gipuzkoa" con "considerables ventajas fiscales" para los inculpados.

Con este fin, resultaba "ineludible" que la compañía tuviera su domicilio fiscal en territorio guipuzcoano y que la Hacienda foral le concediera "formal y expresamente" el "Régimen Especial de Sociedades de Promoción de Empresas", entre otras condiciones.

Víctor Bravo, quien ocupó su cargo de senador entre 2004 y 2007, rechaza las acusaciones formuladas por el Ministerio Público y la acusación particular, pues -según recoge su escrito de defensa, al que ha tenido acceso EFE-, Glass Costa Este Salou se constituyó "con capital íntegramente guipuzcoano" y la fijación de su domicilio mercantil fue "el correcto" sin que el exdirector de la Hacienda foral "jamás" formara parte de su Consejo de Administración.

Entre otros argumentos, Bravo recalca también que él "no facilitó la comisión de delito alguno en su calidad de director de Hacienda", ya que "no tenía competencias de gestión ni de inspección" y no existe "indicio alguno" de que haya intervenido "en la concesión del Régimen Fiscal Especial" a la citada compañía, además de no haberle facilitado ninguna "hipotética simulación de su domicilio" fiscal.