La sentencia que acreditó el expolio millonario del Palau de la Música llega este martes al Supremo, que revisará la condena a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a devolver los 6,6 millones en comisiones ilegales que el partido cobró a través de la institución y a su extesorero Daniel Osàcar a cuatro años y cinco meses de cárcel.

Hace ya más de una década que los Mossos d'Esquadra irrumpieron en el Palau y dieron inicio a una investigación que acabó acreditando el saqueo de más de 20 millones de la institución cultural catalana y que puso sobre la lupa la financiación de CDC.

Será el próximo martes cuando cinco magistrados del Tribunal Supremo se reúnan a puerta cerrada para revisar los recursos que tanto los condenados como la propia Fiscalía interpusieron a la sentencia de la Audiencia de Barcelona.

Una "dura" resolución -así la calificó entonces el expresident Artur Mas- que consideró probado que el Palau sirvió para "enmascarar" el pago de comisiones de hasta el 4 % de la constructora Ferrovial, a cambio de que "altos responsables" de CDC no identificados le aseguraran un "flujo constante" de adjudicación de obras públicas en su favor.

En consecuencia, la Audiencia ordenó el decomiso de los 6,6 millones de euros cobrados por CDC, si bien pospuso a la fase de ejecución de la sentencia -una vez sea firme tras el pronunciamiento del Supremo- la decisión sobre si es el PDeCat quien debe pagar esa cantidad.

Además de Osàcar y CDC, también recurrieron los saqueadores confesos, Fèlix Millet, condenado a 9 años y ocho meses; y su mano derecha, Jordi Montull, a 7 años y medio de prisión. Tras dictar sentencia, la Audiencia envío a ambos a prisión por riesgo de fuga, si bien luego les excarceló tras el pago de sendas fianzas a la espera de lo que diga el Supremo.

Los magistrados también deberán revisar el recurso de la exdirectora financiera del Palau Gemma Montull, hija de Jordi, (4 años y medio); y los de Laia Millet y Marta Vallès, hija y esposa de Millet, condenadas como responsables civiles a título lucrativo del desfalco, así como las empresas vinculadas a las esposas de los exresponsables del Palau a través de las que se perpetró el expolio.

Entre los absueltos figuraron los directivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, un aspecto que ha recurrido la Fiscalía al considerar que el plazo de prescripción de los delitos por los que les acusaba no ha vencido.

Diez años duró, según la sentencia de la Audiencia, el "acuerdo criminal" para el pago de comisiones de Ferrovial a CDC; sus extesoreros Carles Torrent, fallecido en 2005, y Daniel Osàcar, se convirtieron en la "clave de bóveda" que permitía "el entramado" de cobro de mordidas "a cambio de obra pública", entre ellas la construcción de la Ciutat de la Justícia o la línea 9 del metro.